l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer dos órdenes ejecutivas que conducen al inicio de la revisión de la llamada reforma Dodd-Frank, piedra angular de la respuesta del gobierno estadunidense a la crisis financiera de 2008. Entre otras cosas, el referido paquete legislativo, promulgado en 2010, establece supervisiones más estrictas y controles de riesgo más severos para las instituciones financieras, ordena pruebas anuales de resistencia para evaluar la vulnerabilidad de los bancos ante una futura crisis de mercados y fija protecciones extra para los clientes de esas compañías.

Pese a que dichas reformas resultaron insuficientes e inconclusas en tiempos de Obama –en buena medida por la falta de voluntad de los centros de poder político y económico para modificar el modelo económico vigente–, su aprobación fue significativa por cuanto introdujo elementos mínimos de racionalidad en el sistema financiero, cuya voracidad condujo al colapso más grande desde la Gran Depresión, entre 2008 y 2009.

A lo que puede verse, la presión de los banqueros para erradicar esta regulación se acentuó y fortaleció con el inicio de la era Trump, en buena medida por las posiciones de privilegio y toma de decisiones que ocupan connotados ex financieros en el gabinete del actual presidente. Sin embargo, la nueva oleada antirregulacionista de Trump es un botón de muestra de hasta dónde los grandes intereses condicionarán la orientación del actual gobierno incluso en contra del interés general y la racionalidad económica.

A dos semanas de inaugurarse su presidencia, Trump ha retomado varias de las banderas más cuestionables para la sociedad de su país y la opinión pública internacional, y ello ha mermado su popularidad dentro de Estados Unidos –por no hablar de la pésima imagen que tiene fuera–, al grado que, de acuerdo con distintos sondeos, se ubica como el mandatario de menor aprobación al inicio de una gestión al frente de la Casa Blanca.

En este caso, sin embargo, cobra aún mayor relevancia que entre los congresistas estadunidenses prive la prudencia y que, ante la evidencia de los desastrosos resultados del descontrol especulativo y la manifiesta necesidad de corregir las desviaciones bancarias, salvaguarden como mínimo la regulación adoptada a raíz de la crisis de 2008 y 2009.