Buenos Aires.

La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denunció ayer ante la justicia haber sido víctima de una maniobra de carácter criminal a raíz de la filtración de una charla telefónica privada con su ex jefe de inteligencia Óscar Parrilli cuando ya estaban fuera del gobierno. En tanto, gobernadores y alcaldes de la oposición, junto con organismos de derechos humanos, decidieron rechazar la decisión gubernamental de modificar a la categoría de feriado movible el Día de la Memoria, que recuerda a las víctimas de la pasada dictadura militar (1976-1983).

Cristina Fernández afirmó en un escrito presentado ante autoridades judiciales de la provincia sureña de Santa Cruz, donde reside, que nos encontramos frente a una maniobra de carácter criminal que pone al descubierto de manera más fidedigna el componente mafioso que vincula a sectores del poder político con algunos estamentos de la justicia federal, todo ello con la participación, articulación y protección de los medios hegemónicos de comunicación, en alusión a la feroz campaña de persecución política, mediática y judicial de la que se dice víctima.

El ex jefe de inteligencia tenía su teléfono intervenido por orden de un juez que lo investigaba supuestamente por no haber hecho lo suficiente para detener a un prófugo tras la divulgación de la charla, ocurrida el 11 de julio del año pasado. El fiscal Guillermo Marijuan abrió una investigación por abuso de autoridad contra la ex jefa de Estado.

En esa charla Kirchner le dice a Parrilli que hay que buscar todas las causas que le armamos, que le denunciamos, en alusión al otrora poderoso espía Jaime Stusio, quien ese día había dado una entrevista con duras críticas y acusaciones a su gobierno. A ese tipo hay que matarlo. Es un caradura, se escuchó decir a la ex presidenta a Parrilli. Matarlo es una expresión coloquial en Argentina y que, de acuerdo con la charla, quiso decir refutarlo, pero el fiscal la interpretó literalmente y aseveró que evaluaba denunciar a Kirchner por intento de asesinato.

Por otro lado, gobernadores y alcaldes de la oposición, junto con organismos de derechos humanos, rechazaron la decisión del gobierno argentino de modificar a la categoría de feriado movible el Día de la Memoria, que recuerda a las víctimas de la dictadura. Es un día fundacional en el sentido de decir sí a la democracia, no al terrorismo de Estado. No puede ser cambiado de fecha, señaló este viernes ante la prensa Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba y dirigente del partido peronista.

El presidente Mauricio Macri firmó el martes pasado una resolución que este año traslada la conmemoración del Día de la Memoria del 24 de marzo, cuando la última dictadura que gobernó el país derrocó a la entonces mandataria María Estela Martínez de Perón, al 27.