Río de Janeiro.

Las fuerzas armadas brasileñas entraron este viernes en la prisión de Monte Cristo, estado de Roraima, donde el pasado día 6 hubo un enfrentamiento entre presos que dejó 33 muertos, para buscar armas y drogas, en lo que fue su primer operativo desde que el gobierno movilizó al ejército ante la ola de violencia en las cárceles del país.

Después de que 250 hombres de las policías Militar y Civil (cuerpos comandados por las autoridades regionales) aislaron a los reos, los militares empezaron a inspeccionar celdas, tejados, túneles y área administrativa en busca de armas, explosivos, celulares y drogas, explicó el ministro de Defensa, Raul Jungmann.

Constitucionalmente, los militares no pueden encargarse del control de los presidios. Ante las críticas suscitadas por esa atribución, el gobierno de Michel Temer enfatizó que los uniformados se limitarán a limpiar las cárceles hasta que no haya riesgo de rebelión.

Cerca de 140 presos han fallecido desde el primero de enero, cuando en la prisión de Manaos empezó un sangriento enfrentamiento entre el Primer Comando de la Capital (PCC), de Sao Paulo, y el Comando Vermelho, de Río de Janeiro, y sus aliados por el control del narcotráfico en el país. Los choques se repitieron en otras penitenciarías.

Los penales en Brasil operan a 167 por ciento de su capacidad, superpoblación que los expertos ven como el caldo de cultivo ideal para el dominio de las bandas.

En otro tema, Igor Romario de Paula, coordinador de la policía federal en la investigación de la operación Lavado rápido –sobre el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil en la estatal petrolera Petrobras–, dijo que el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva podría ser arrestado en 30 o 60 días.

Aseguró al portal brasileño UOL que las pesquisas sobre la eventual implicación de Lula en la trama de desvío de dinero de Petrobras –que ya afectó a más de 200 personas, entre políticos, empresarios y funcionarios– están muy avanzadas.

El ex presidente, quien está imputado en cinco causas judiciales, tres de ellas por corrupción vinculada con la operación Lavado rápido, aseguró en redes sociales que no es a Lula da Silva a quien pretenden condenar. Es el proyecto político que representó junto con millones de brasileños.