A más de una década de la implementación del programa Mochila segura los resultados han sido de fracaso total, afirmó Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien destacó en videoconferencia que únicamente en la Ciudad de México, pese a su aplicación, sólo se han localizado tres armas, pero ocasionó abusos y violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes.

Agregó que el programa es discriminatorio y violento, según la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por México en 1990, por lo que calificó de preocupante la respuesta del gobierno federal tras los hechos en el Colegio Americano del Noreste –donde un alumno disparó contra tres de sus compañeros y una profesora, para después suicidarse– y señaló que fue una medida improvisada y fallida.

El defensor de los derechos de la infancia destacó que lo ocurrido en Monterrey, Nuevo León, el pasado 18 de enero, es un hecho inédito que no tiene antecedentes similares en el país. En contraste, dijo, los menores han crecido en un entorno de violencia por los efectos del combate a la delincuencia organizada y por un creciente número en la tasa de homicidios.

Destacó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete de cada 10 adultos ya no permiten a sus hijos salir a jugar a espacios públicos por temor a la inseguridad. Vivimos, dijo, en una sociedad con miedo.

Recordó que la aplicación del programa Mochila Segura ha sido señalado en diversas ocasiones por la Auditoría Superior de la Federación como una medida que no es eficiente ni corresponde al gasto de recursos públicos que se le asigna.

Juan Martín Pérez destacó que la medida se ha vuelto una inquisición escolar, porque revisan las mochilas de los chicos, e incluso, si encuentran preservativos, juguetes u objetos personales esto se convierte en motivo de seguimiento o persecusión, cuando el objetivo era buscar armas.

No es real que lleven armas

En contraste, señaló que las cifras oficiales reportan que de los mil 57 homicidios registrados en 2015 contra niños y adolescentes de cero a 17 años en México, sólo dos ocurrieron en instituciones o escuelas. No es real que los menores estén llevando armas a las escuelas para atacar, por eso lo ocurrido en Monterrey es inédito y aislado.

Agregó que la Redim presentó una queja ante el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, ya que considera que el programa Mochila Segura sí viola derechos humanos, al estar focalizado sólo en niños y adolescentes, pues hay la presunción de que los menores, sólo por ser niños y adolescentes pueden llevar armas y hacer daño.

Ninguna norma administrativa, precisó, puede estar por encima del rango constitucional o de los tratados, y recordó que la Convención de los Derechos del Niño determina el derecho a la no discriminación, incluso aunque los padres aprobaran la medida, no se puede eliminar un derecho que salvaguarda su intimidad y el no recibir ingerencias automáticas en sus personas y objetos.