La suma de incapacidades de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Ayotzinapa, en particular el ocultamiento de datos sobre el uso de autobuses para traficar drogas, podrían hablar de dolo de las autoridades, lo cual debe investigarse a profundidad, afirmó Carlos Beristain, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El especialista advirtió que si las irregularidades de la indagatoria no se resuelven, la desaparición de los normalistas se volverá una herida más sangrienta y el tema podría llegar a otras instancias.

En entrevista con La Jornada, el médico y sicólogo vasco constató que al GIEI nunca se le entregó información sobre el tráfico de estupefacientes a través de camiones de pasajeros ni sobre la detención de Gonzalo Martín Souza Neves, El Uruguayo, a pesar de que la solicitaron reiteradamente e incluso llamaron a la PGR a que le pidiera esos datos al gobierno de Estados Unidos.

Esa información estaba en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pero no se puso a disposición del nuevo equipo que se encargó del caso. Queda en un lugar del cual nadie más tiene ningún control, lo cual muestra que se fragmenta la investigación, lamentó Beristain.

Al preguntarle cómo interpreta estos hechos, el especialista consideró que cuando las incapacidades se suman, muestran que podría haber dolo. ¿Por parte de quién?, ¿A qué nivel de profundidad? Es una cosa que tiene que investigarse.

Si estos puntos no se esclarecen, alertó, sería la peor noticia para México, porque eso no va a hacer más que aumentar el dolor de los familiares. Esa herida abierta se va a hacer más sangrante, más profunda. Y también va a suponer para México que el caso siga permanentemente abierto y llegue a otras instancias, cuando hay elementos suficientes para evitar que todo eso ocurra.