ocumentos oficiales de los que La Jornada tiene copia prueban que la Procuraduría General de la República (PGR) retuvo información relacionada con el tráfico de estupefacientes en camiones de pasajeros por organizaciones del crimen organizado, pieza clave en el caso Ayotzinapa. Dichos documentos dan cuenta de la detención, en julio de 2014, de Gonzalo Martín Souza Neves, El Uruguayo, y José Bahena Salgado, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, así como de un boletín emitido el mismo día de la captura en el cual se asentaba que Souza Neves coordinaba el trasiego de drogas en compartimentos ocultos en autobuses.

Cabe destacar que la verdad histórica sostenida por la PGR, a la fecha, se basa en buena medida en las declaraciones del presunto culpable Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil. De acuerdo con la versión obtenida por la procuraduría y después impugnada por las alegaciones de tortura presentadas por el declarante, era sólo un rumor que la organización delictiva usara camiones de pasajeros para mover droga, lo cual se contradice con los documentos con que cuenta este diario y con declaraciones de Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad en ese entonces.

Al respecto, el médico y sicólogo vasco Carlos Beristain, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), afirmó en entrevista con este diario que la suma de incapacidades de la PGR en la conducción del caso Ayotzinapa, y en particular el ocultamiento de información referido, ameritan una investigación profunda, pues podrían indicar la existencia de dolo por las autoridades.

Martín Beristain fue uno de los miembros del grupo formado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en el esclarecimiento de los sucesos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, durante la cual fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas, seis personas murieron asesinadas, y dos estudiantes recibieron heridas de gravedad.

A partir de su experiencia, expuso que los integrantes del GIEI nunca recibieron los documentos existentes sobre el traslado de heroína en camiones de pasajeros, pese a que los solicitaron de manera reiterada, e incluso emplazaron a la PGR para que pidiera esos datos al gobierno de Estados Unidos.

Así, las nuevas pruebas abonan a la serie de investigaciones que han desmentido de manera rotunda el relato según el cual los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron asesinados e incinerados aquella misma noche en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado. La suma de evidencias recuerda también el absurdo e inexplicable afán por sostener en sus puntos esenciales esa historia a lo largo de tres periodos diferentes de la procuraduría: el de Jesús Murillo Karam, artífice de la versión oficial, y los de sus sucesores Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade.

No queda sino conceder la razón al médico Beristain cuando afirma que, de persistir la falta de resolución a las múltiples irregularidades del caso, la desaparición de los 43 normalistas se hará una herida más sangrienta para México.

Las autoridades deben rectificar más de dos años de una actuación errática, irresponsable e incluso cruel que ha magnificado el repudio social y el descrédito institucional. Una explicación autocrítica de semejante incapacidad y falta de voluntad y, desde luego, la localización de los desaparecidos y el esclarecimiento pleno de las circunstancias de su desaparición son condiciones ineludibles para cerrar la herida y devolver una credibilidad mínima a las instancias de procuración de justicia y al conjunto de las dependencias gubernamentales.