Los indicios sobre el uso de autobuses para el trasiego de droga hacia Estados Unidos fueron analizados también por las autoridades de ese país.

El 8 de diciembre de 2014 la fiscal federal para Illinois, Nicole M. Kim, solicitó a un juez autorizar el registro de inmuebles, vehículos y computadoras de Pablo Vega, señalado como líder de Guerreros unidos en Chicago.

De acuerdo con el primer informe de actividades del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la petición de la fiscal estuvo basada en una serie de escuchas telefónicas que se realizaron durante 2014 a supuestos miembros del grupo criminal.

En una de las grabaciones, dos personas hablan de que los autobuses se utilizaban para mover droga de México a Chicago, gracias a un compartimento especial, e incluso se dan instrucciones de limpiar los vehículos o se advierte que uno de ellos fue interceptado en la frontera.

Cuando el GIEI solicitó en septiembre de 2015 indagar más al respecto, autoridades mexicanas enviaron una solicitud de información al gobierno estadunidense, pero ésta era muy general y no específica sobre el caso de Chicago, subrayaron los especialistas en su segundo informe de actividades.

Debido a ello, el Departamento de Justicia respondió que “la búsqueda sobre Guerreros unidos es demasiado amplia para poder asistir apropiadamente”. La petición fue elaborada y rechazada nuevamente en febrero de 2016.

En abril de ese año la Procuraduría General de la República informó que ya había iniciado el trámite de asistencia jurídica con Washington. Pero al cometer errores de procedimiento –calificados por el GIEI de incomprensibles–, la línea de investigación de los autobuses no se incluyó en la indagatoria.