En lo que va del año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha impuesto multas por 21 millones de pesos a gasolineras, gaseras, tortillerías y diversos comercios que venden productos de la canasta básica, e interpuso seis denuncias penales contra gasolineras que de manera reiterada se han negado a ser verificadas.

Las sanciones no han sido sólo de índole económica, porque también ha colocado sellos de suspensión de la actividad comercial e inmovilizado básculas o mangueras despachadoras de gasolina por estar mal calibradas en los negocios donde ha detectado irregularidades o violaciones a la ley.

La dependencia ha verificado durante enero un total mil 700 tortillerías, 450 gasolineras, 46 gaseras y 285 camiones de cilindros de gas, además de realizar de manera focalizada 32 mil monitoreos de precios de los 35 productos de la canasta básica.

Sin embargo, frente a esas miles de revisiones y las multas impuestas, Ernesto Nemer, titular de la Profeco, señaló que solamente en dos casos las sanciones fueron por aumento injustificado de precios y correspondió a un par de gasolineras que vendían el combustible 49 centavos más caro que el precio máximo fijado por la Comisión Reguladora de Energía.

Pero en el caso de los alimentos, dijo que la dependencia junto con la Secretaría de Economía (SE) y organismos del sector privado todavía analizan la información sobre su estructura de costos que se solicitó a 26 mil negocios que producen, distribuyen o venden alimentos de la canasta básica, para verificar que no los hayan encarecido en la misma proporción en que subieron las gasolinas, el diésel, la electricidad o el gas. Ya se tiene respuesta, dijo, de 16 mil casos.

Del total de dichos requerimientos, más de la mitad (57.69 por ciento) se enviaron a 15 mil tortillerías. El resto se distribuyó entre 5 mil panaderías, 3 mil empresas de la industria de lácteos, 2 mil más para el sector cárnico, mil para la cadena de pollo y huevo, 500 para el sector azucarero, 200 para quienes se dedican al frijol y 40 para empresas de alimentos preenvasados.

El procurador Ernesto NemerFoto Marco Peláez

Así que, a tres semanas del llamado gasolinazo y salvo las dos excepciones mencionadas, las sanciones tanto económicas como de otra índole que, en general, la Profeco ha impuesto a 470 tortillerías de mil 700 verificadas, 61 gaseras de 861 que existen en el país, y 191 gasolineras de 450 inspeccionadas, se debieron a que incurrieron en diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, como no exhibir precios o cobrar otros distintos a los que mostraban, vender litros o kilos incompletos por tener mal calibradas básculas o mangueras de gasolina así como por negarse a las verificaciones.

De hecho, 62 por ciento de las multas que aplicó Profeco, es decir, 13 millones de los 21 millones de pesos, provinieron de la negativa a ser verificados de 52 negocios (45 gasolineras, seis plantas de distribución de gas y una gasera), ya que Nemer explicó que a cada uno se le impusieron 250 mil pesos como medida precautoria. Otros 5.7 millones de pesos fueron por multas a 23 gasolineras que cobran más de lo que despachan, en tanto que los 3 millones restantes se aplicaron a distintos negocios por prácticas comerciales abusivas.

Nemer insistió en que no hay cacería de brujas, como acusan los pequeños negocios, y negó que haya alza generalizada de precios en la canasta básica. Sólo se han detectado picos en algunos productos y regiones e incluso sólo por establecimientos, dijo, como los casos de la tortilla en Sonora, donde se vende hasta en 19 pesos en algunos establecimientos; del frijol en Michoacán, que en diez días subió de 32 a 40 pesos el kilo; del huevo, que subió casi dos pesos en Jalisco y otros estados; de la leche, que subió 90 centavos en Chiapas, o del pollo por pieza que cuesta 3 pesos más en Quintana Roo. El precio del arroz y del bistec de res se ha mantenido estable.