Más de un centenar de organizaciones civiles y de derechos humanos reprocharon al Congreso de la Unión no sólo su demora de más de un año para aprobar la ley contra la tortura, sino también tener la clara intención de invisibilizar y debilitar las investigaciones sobre estos hechos reprobables, al plantear modificaciones regresivas y no incorporar los más altos estándares internacionales de protección de derechos humanos.

En un pronunciamiento colectivo, exhortan a la Cámara de Diputados –donde actualmente se encuentra la minuta de ley ya aprobada por el Senado– a revertir la demora y las propuestas regresivas que se presentaron en el último periodo legislativo, y aprobar con las observaciones de la sociedad civil y los expertos una norma que, efectivamente, busque erradicar la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Además, señalan, se deberán fortalecer los controles de prevención y sanción de la misma y eliminar cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo dicha práctica, con la convicción de no retroceder en el marco jurídico e interpretaciones ya implementadas en el país.

Señalan que desde mayo de 2016, la minuta se encuentra en la Cámara de Diputados, donde se ha frenado el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas que han aportado elementos de discusión y contenidos al debate.

Criticó que en el último día del periodo legislativo anterior –el 15 de diciembre de 2016–, en San Lázaro se pretendiera votar un dictamen sobre dicha norma, con modificaciones regresivas y sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original.

Así, las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos pretendieron, entre otras cosas, eliminar diversas causales de competencia federal sobre investigaciones por tortura, incluso en casos en que los agentes denunciados pertenezcan a la misma procuraduría estatal; restringir la facultad actual de los jueces para ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura, aun cuando esta es no solamente obligación de las autoridades, sino también la única vía por la que muchas víctimas logran que se empiece a investigar, y limitar los casos en que proceda separarar a los agentes policiacos posiblemente implicados en el flagelo.

De igual forma, pretenden construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera a la gran mayoría de afectados cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal.