Cincuenta y siete por ciento de los jóvenes de entre 14 y 18 años de edad internados en centros para menores por delitos graves fueron severamente golpeados, y torturados, ya sea por elementos policiacos de todos los niveles de gobierno, o militares y marinos, asegura la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el Informe especial adolescentes: vulnerabilidad y violencia, el organismo nacional afirma también que jóvenes que declararon haber pertenecido a grupos del crimen organizado revelaron que fueron entrenados por ex policías y ex militares.

Además, el reporte, elaborado en coordinación con el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas), señala que de las encuestas y entrevistas se observa que “las respuestas que dieron los adolescentes en internamiento permiten señalar que se trata de prácticas sumamente arraigadas en nuestras instituciones, que ocurren de manera sistemática y que son tan frecuentes que para los adolescentes constituyen el comportamiento ‘normal’ o el que cabe esperar de las policías”.

Homicidio, robo, secuestro y delitos contra la salud

Aunque a principios de 2016 había en el país 13 mil 327 jóvenes recluidos por conflictos con la ley, el informe presentado se centra en los 3 mil 761 (28 por ciento) adolescentes acusados por cometer delitos graves, como homicidio, robo y secuestro, y por delitos contra la salud. El informe se basa en testimonios y encuestas realizadas a 730 adolescentes de este subgrupo, en 17 estados representativos del país.

El sondeo a acusados de infracciones graves revela que en el caso de 62 por ciento de los entrevistados sus padres se habían separado, 51 por ciento se salieron de sus casas por un tiempo y 43 por ciento lo hicieron de manera definitiva, además de que 40 por ciento sufrió golpes, burlas y humillaciones, y 12 por ciento fueron víctimas de abuso sexual.

Presentado por Elena Azaola, investigadora del Ciesas, acompañada por titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el reporte indica que del total de los entrevistados, 16 por ciento dijeron ser inocentes del delito imputado, aunque este resultado varía entre las entidades estudiadas.

Los estados que tienen el porcentaje más alto de adolescentes que dijeron ser inocentes son Veracruz y Oaxaca, con 37 y 44 por ciento, respectivamente, frente a Puebla, con 5 por ciento, y Jalisco y el estado de México, ambos con 8 por ciento.

Pero al analizar los casos de los jóvenes que dicen ser inocentes, el estudio encontró un alto porcentaje en el que, a las condiciones de pobreza, marginación e indefensión, se suma el trato discriminatorio que sufrieron en el sistema de justicia por su condición étnica, ya que su pertenencia a diversos grupos indígenas y su desconocimiento de las leyes, de sus derechos y de la manera en que opera el sistema de justicia no fueron tomados en cuenta durante su juicio.

Otro factor esencial es la deserción escolar. Sólo 20 por ciento de los jóvenes acusados de delitos graves pudieron terminar la secundaria, y 16 por ciento la preparatoria.

Durante la presentación del informe, la investigadora Azaola explicó que en el fondo estos jóvenes, dadas las características de su vida, nunca tuvieron infancia: 89 por ciento habían trabajado antes de comenzar a cometer infracciones y un alto porcentaje laboraba desde antes de los 12 años.

Expresó su deseo de que este informe de 188 páginas contribuya a entender en profundidad el fenómeno de la violencia, y ayude a reducir tanto su incidencia como los severos daños, con el diseño de políticas públicas eficaces.