Los defensores de derechos humanos en México siguen siendo víctimas de hostigamiento, amenazas e incluso desaparición y asesinato, como parte de un escenario de creciente estigmatización en su contra y de leyes y organismos que han resultado insuficientes para protegerlos.

Así lo afirmaron especialistas de diversos organismos internacionales, que participaron ayer en el foro Personas defensoras de derechos humanos: retos y experiencias, quienes subrayaron que los ataques a los activistas de colectivos de la sociedad civil no sólo afectan a las víctimas directas de la violencia, sino a los grupos que ellos representan y a la sociedad en su conjunto.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó que los defensores suelen ser criminalizados por su labor, a pesar de que ésta ha sido fundamental para impulsar diversas leyes en materia de tortura y desaparición forzada, por ejemplo.

Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas en este tema, se dijo preocupado por la criminalización de la que son víctima los activistas –a quienes calificó como héroes–, en particular los que defienden los derechos sexuales y reproductivos o a los pueblos indígenas, y quienes documentan casos de corrupción.

José de Jesús Orozco, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los defensores, coincidió en que resultan preocupantes los actos de violencia contra dicho grupo, pues se trata de agresiones físicas, desapariciones, asesinatos, amenazas, campañas de criminalización y espionaje. “Sin duda, el medio más eficaz para protegerlos –dijo– es investigar eficazmente los actos de violencia en su contra y sancionar a los responsables”, recalcó.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó estar consciente de que aún existen muchos retos en materia de protección a los activistas, pero también defendió los logros de las autoridades en ese terreno.

El funcionario reconoció el compromiso y la entrega de quienes promueven las garantías básicas, cuyo trabajo incluso ha ayudado al mejoramiento y diseño de nuevas leyes.

Hace poco más de cuatro años se vivía un ambiente de desconfianza e incluso confrontación entre autoridades y defensores, porque si bien existía un mecanismo (de protección de activistas) en el papel, en la práctica era débil e incluso inoperante, sostuvo. Ahora, entre los avances que hay que reconocer, se encuentra la metodología de evaluación de riesgos para los activistas amenazados o agredidos, y un monitoreo permamente de este asunto en todo el país.