Víctimas de Nochixtlán y sus familiares consideran que la Procuraduría General de la República (PGR) ha infravalorado el caso y ha pretendido transformar una tragedia colectiva, en la que los agentes del Estado tuvieron responsabilidad, en una serie de delitos comunes.

El 19 de enero se cumplirán siete meses del desalojo de protestas de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus simpatizantes, en el que participaron policías estatales y federales y que terminó en represión con diez muertos y un centenar de heridos en ese poblado de Oaxaca. Y hasta ahora no ha habido ningún avance en la investigación, sólo promesas, dice Juana Ramón Solís, presidenta del Comité de Víctimas de Nochixtlán.

Un grupo de víctimas y familiares, acompañados por abogados y el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, entregaron ayer en la PGR una petición dirigida al procurador Raúl Cervantes. Le exigen que la investigación se haga a partir del reconocimiento de que ellos son víctimas de un crimen de lesa humanidad.

Queremos volver a creer en las instituciones, aunque hasta ahora dejan mucho qué desear, dijo Solís tras entregar el documento en una ventanilla. Exigimos a la PGR que cumpla con la función para la que fue creada.

El texto dirigido al procurador, con más de 80 firmas, dice: Venimos a exigir que se nos reconozca el carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad, como consecuencia del ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil de Asunción Nochixtlán, derivado de un operativo pajeado y ejecutado por funcionarios como el ex gobernador oaxaqueño Gabino Cué, el ex comisionado de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, y 850 policías federales y estatales.

Exigimos que se reconduzca la investigación con apego a los principios constitucionales del sistema acusatorio adversarial y que la PGR adopte criterios de autonomía e independencia para investigar.

El objetivo de que se reconozca esta calidad, señaló Francisco Acevedo Castro, uno de los abogados del grupo, es que tanto las víctimas directas como indirectas de los hechos de Nochixtlán tengan acceso a un debido procedimiento de investigación, que puedan estar representados por asesores jurídicos y que se les garantice que se aplicarán los convenios y tratados internacionales aplicables al caso.

Hizo énfasis en que no están buscando indeminzaciones económicas, sino que se cumpla con la ley, según los estándares internacionales, y se dé con los responsables.