l tiempo que el gobernador Héctor Astudillo aseguraba que no se autorizaría incremento alguno a las tarifas de transporte, en los autos de alquiler amarillo y blanco de la ruta Renacimiento-Centro apareció adherida una copia fotostática con un supuesto sello de la Dirección de Transporte y Vialidad y una firma sobre un letrero que dice director general. El documento, aparentemente expedido en diciembre de 2016, autoriza cobrar 17 pesos.

Desde el martes, los colectivos que dan servicio en las colonias habían comenzado a cobrar ocho pesos, en lugar de los siete acostumbrados.

El lunes 9, Miguel Ángel Piña Garibay, director de la Comisión Técnica del Transporte y Vialidad, aseguraba que no se habían autorizado incrementos y que antes de aprobarlos se llevaría a cabo un estudio socioeconómico; incluso afirmó que se habían impuesto 25 multas a conductores de las rutas Centro-Colosio por cobrar hasta 18 pesos, cuando la tarifa, dijo, es de 15 pesos. En realidad, ni siquiera se había autorizado elevar la de 14.

Los hechos tienen varios ángulos; uno es que los transportistas nunca han necesitado autorización para elevar sus tarifas; lo hacen en el momento que les parece conveniente, con total impunidad.

Es incongruente asegurar que se sancionará a los infractores cuando las delegaciones de Transporte carecen de personal para vigilar y supervisar que se respete la tarifa, cuya alteración nunca denuncian los usuarios, pues la autoridad no actúa.

Finalmente, es de dudar que los transportistas desafíen al gobierno falsificando documentos en los que se aprueba el alza; en consecuencia, si la copia proviene de un documento auténtico, querrá decir que la autoridad está gobernando con mentiras; por un lado, dice que no cuando antes dijo que sí, lo cual constituiría un engaño a la población.

Si el gobierno está usando un doble lenguaje justo cuando requiere de toda la credibilidad e infundir confianza a la población, ha escogido el sendero equivocado para enfrentar una crisis como la generada por el gasolinazo.