La Secretaría de Gobernación (SG) apremió a los gobiernos locales a integrar bases de datos estatales de características específicas de violencia contra las mujeres para clarificar el problema en cada estado y a la vez unificar la información a nivel nacional. El tema afecta por lo menos a 22 entidades del país.

El objetivo es precisar los tipos de agresiones –desde violencia económica-patrimonial hasta feminicidios– para avanzar en los protocolos de prevención y atención.

Por citar una circunstancia, en algunas entidades los casos se incrementan los domingos, cuando el equipo de futbol del marido pierde, pero también aumentan los de tipo extremo, de agresiones sexuales u homicidios por razones de género, explicaron funcionarias de la dependencia.

Los estudios encargados por el sistema nacional son hasta repetitivos en cuanto a deficiencias en el ámbito local, lo cual es resultado de la falta de coordinación entre los sistemas de información existentes. Se requiere capacitar al personal y ordenar la información, dijeron.

Con diferentes matices, se advierte que los protocolos existentes no se aplican o se aplican mal y no hay presupuesto suficiente; en cambio, prevalece la desarticulación entre las distintas agencias responsables ante homicidios dolosos, delitos sexuales, violencia familiar, desaparición y feminicidio.

Las procuradurías y fiscalías estatales siguen sin un esquema profesionalizado para la reacción inmediata y protección de las mujeres, así como de investigaciones efectivas y sentencias a responsables.

En el caso de Morelos, uno de los 22 estados señalados con la problemática, el informe de expertos, emitido en 2014 muestra los rezagos comunes.

En principio, hay dos caminos de información: las procuradurías y la red de salud pública; ahí se pueden clasificar casos de abandono, violencia física, sexual, sicológica o económica. Sin embargo, se registraron, para fines estadísticos, cinco fuentes de información que refieren de 181 a 545 feminicidios (según el origen de los datos) de 2000 a 2013.

A ello se agrega la revictimización y –como se indica en los análisis de expertos– precariedad material, así como falta de recursos humanos y económicos de las instituciones encargadas de la atención a la procuración de justicia de las mujeres, lo cual se traduce en falta de espacios e insuficiencia de personal.

En 2014, en Morelos, el área correspondiente de la fiscalía sólo tenía cuatro sicólogas (dos para el turno matutino y dos para el vespertino), en Cuernavaca, y una más en Cuautla, en un contexto en el que la propia autoridad reconocía 273 casos de feminicidios.

Otro asunto es la impunidad, pues de esa cantidad sólo 59 tenían sentencia (47 condenatoria y 12 absolutoria).

En total, seis entidades tienen vigente la alerta de violencia de género; adicionalmente, en dos entidades se aceptó el problema (Guanajuato y Baja California) pero el sistema nacional decidió no llevarlo a nivel de alerta, mientras en 14 estados continúan los estudios a cargo de académicos especializados.