La empresa estadunidense Rivada Networks, descalificada de la licitación de la red compartida, dijo que está dispuesta, al igual que su director general, Declan Ganley, a enfrentar la demanda por difamación que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) interpondrá ante tribunales de Estados Unidos.

La compañía señaló que el anuncio de la SCT representa un hecho histórico, sin precedente a escala global, por tratarse de un acto de censura.

Sostuvo: El hecho de que un gobierno demande a un individuo o una empresa por difamación constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier contrato de asociación público-privada por los riesgos que ello implica.

La empresa, descalificada por la SCT de la licitación de la red compartida porque no presentó la garantía de seriedad de mil millones de pesos conforme a lo establecido en las bases del concurso, aseguró que los argumentos que ha esgrimido desde que decidió impugnar el fallo son ciertos y se basan en acciones concretas y testimonios bajo juramento ordenados por un juez.

Con convicción, dijo, se mantendrán distintas acciones legales, con el propósito de salvaguardar sus derechos y los de los mexicanos, quienes claramente han sido engañados por el proceso conducido por la SCT, que resultará en la afectación de al menos 8.5 millones de personas de los sectores más desprotegidos del país.

Las razones oficiales

La SCT ha argumentado que la descalificación del consorcio Rivada se hizo conforme a lo dispuesto en las bases de la licitación, porque no presentó la garantía de seriedad de mil millones de pesos el mismo día que entregó su propuestas técnicas junto con la oferta económica y el guante requerido en caso de empate.

La dependencia ha expuesto que Rivada solicitó la ampliación del plazo debido a que tenía contratiempos para entregar el documento que avalara la garantía de seriedad, plazo que le fue negado. En consecuencia, quedó fuera del procedimiento.

En su defensa, Rivada dio a conocer la declaración de un ejecutivo de Deloitte, en la que sostuvo ante una corte de Estados Unidos que funcionarios de la SCT le pidieron elaborar propuestas para empresas que pudieran ser descalificadas y que Grupo Altán, ganador de la licitación, tuvo acceso a información privilegiada para estructurar su propuesta.

Ambos dichos fueron negados por la SCT y por Grupo Altán.