partir del primero de enero de 2017 aumentará hasta en 30 por ciento el precio del servicio de agua potable en Baja California. En el caso de Tijuana, que ya tiene la tarifa más alta del país, el metro cúbico del líquido empezará a costar 99.50 pesos, y las tarifas subirán de manera anual y sufrirán actualizaciones mensuales para garantizar las ganancias de las empresas privadas, que obtendrán concesiones por tres décadas, prorrogables por un periodo igual. Estas alzas se encuentran incluidas en la Ley Estatal de Aguas, norma de carácter privatizador propuesta por el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid y aprobada por los diputados locales de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

El caso de Baja California dista de ser único. Desde la década pasada se vive en el país una oleada de acciones gubernamentales que, mediante reformas legislativas o de facto, han privatizado diversos tramos del manejo de los recursos hídricos a escala municipal o estatal. Entre las experiencias más recientes se encuentra la de Querétaro, la ciudad con la segunda tarifa más alta del país y donde el ayuntamiento decidió privatizar durante 25 años los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de líquidos residuales. También existen significativos procesos de este tipo en Aguascalientes, Cancún, Guadalajara, Puebla o Ciudad de México –en esta última, son empresas privadas las que emiten las boletas de cobro por el consumo de agua–, por mencionar algunos.

Como suele suceder en los proyectos de privatización de recursos y servicios públicos, las autoridades y representantes políticos justifican la entrega de los bienes con la búsqueda de eficiencia y calidad que, aducen, son características de la iniciativa privada. Sin embargo, la experiencia internacional en la materia ha demostrado de manera reiterada que el manejo mercantil del agua no resuelve pendientes básicos, como la distribución equitativa del recurso o las fugas en la red de tuberías, mientras genera nuevos problemas como el alza desmedida y arbitraria de las tarifas, despidos masivos de personal, ausencia de inversiones en infraestructura, riesgos ambientales y cortes de suministro a los usuarios de bajos recursos. En este sentido, datos del Banco Mundial, promotor feroz de la política de privatizaciones, muestran que el manejo privado del agua tiene la tasa más alta de fracaso de todas las experiencias de inversión privada en infraestructura, además de generar los índices más altos de rechazo entre la población afectada.

Pero más allá de las evidencias del fracaso en los experimentos de privatización del recurso, debe recordarse que el acceso a este líquido es un derecho humano consagrado en la legislación internacional, por lo que supeditar su provisión al lucro constituye una violación a las garantías básicas que protegen la vida de las personas. Revertir la imposición de criterios mercantiles y tecnocráticos en el manejo del agua y garantizar el acceso universal a ella es no sólo un imperativo ético, sino una obligación jurídica para el Estado.