El gobierno mexicano entregó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) su informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones que ésta formuló en 2012 para garantizar a las mujeres una vida sin violencia. El documento refleja de manera contundente el avance hacia la igualdad, señaló, a pesar de que la cifra diaria de feminicidios subió a siete.

En aquel entonces la ONU sugirió, entre otras medidas, modificar las leyes que obstaculizan el aborto, pero se aprobaron reformas en contra. Le pidió crear registros de desapariciones, pero no se cuenta con esa información, así como firmar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en favor de las empleadas del hogar, y no lo ha hecho.

Aunque el informe aún no es público, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) destacó en un comunicado la valoración de los esfuerzos desplegados. También identifica varios temas que deben mejorarse y fortalecerse, como los mecanismos de investigación, sanción y reparación a las víctimas de violencia de género; el acceso efectivo a la justicia; la sistematización de información, y la eliminación de la trata de personas, entre otros.

Cada cuatro años el gobierno de México debe informar a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) sobre la situación de este sector poblacional en el país y decirle qué tanto pueden ejercer sus derechos. Con base en ese informe y con visitas al país, ese organismo de la ONU emite recomendaciones, y en 2012 expidió 132.

La Cedaw expresó ese año su profunda preocupación porque la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y la corrupción, contribuyó a intensificar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Asimismo, declaró su malestar porque están sometidas a niveles cada vez mayores de violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el feminicidio, a manos de agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de seguridad, así como por grupos de delincuencia organizada.

Por ello, exhortó a las autoridades mexicanas a revisar esa estrategia, así como cumplir sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia, investigar a los agresores, enjuiciarlos y sancionarlos, así como reparar el daño a las víctimas.

El comité hizo notar las deficiencias y las diferentes definiciones del crimen de feminicidio en los códigos penales locales. Además, lamentó los números elevados y cada vez mayores de comisión de esos crímenes en la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Puebla, Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, estado de México y Veracruz. En las últimas cinco entidades se han activado alertas de violencia de género.