Para garantizar la ejecución de proyectos en las comunidades más marginadas en el país y asignar de mejor manera los recursos fiscales, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados turnó una iniciativa para que sea obligatorio que la Sedesol publique los lineamientos sobre la definición de las zonas de atención prioritarias.

A principios de diciembre, Javier Guerrero García, todavía entonces diputado del PRI –renunció hace unos días a ese partido para buscar por otras siglas o de forma independiente la gubernatura de Coahuila– presentó en nombre de esa comisión la adición de dos párrafos al artículo 30 de la Ley de Desarrollo Social.

Las áreas o regiones de atención prioritaria son aquellas donde la población vive en pobreza y marginación, con marcadas insuficiencias y rezagos. Tanto al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como a la Sedesol corresponde anualmente determinar cuáles son esas zonas.

No obstante que se cumple la obligación de publicar ese listado en el Diario Oficial de la Federación, los autores de la propuesta consideran que para poder evaluar y analizar las modificaciones anuales a ese listado de comunidades se requiere información complementaria y detallada.

Dar a conocer esa metodología también es indispensable porque en el caso de llevar a cabo un proyecto de inversión se deben destinar recursos para elaborar los proyectos ejecutivos y, una vez aprobados, se espera recibir nuevamente recursos al siguiente año fiscal para ejecutarlo, pero no hay certeza si el municipio tendrá aprobadas las mismas zonas de atención prioritaria o cambiarán.

No tener claridad en ese aspecto, argumenta la comisión legislativa, impide dar continuidad a la realización de las obras, y genera una asignación ineficiente de los recursos, ya que el proyecto ejecutivo elaborado podría no llevarse a cabo.

De ese modo, el envío del Ejecutivo a la Cámara de Diputados de detalles sobre la metodología, criterios y fuentes de información para justificar la pertinencia de agregar, eliminar o conservar zonas de atención prioritaria contribuirá a mejorar la calidad del gasto, al proporcionar elementos certeros para que los gobiernos locales realicen sus programas de desarrollo social en los que se incluyan proyectos de alto impacto, argumentan los legisladores.