esde que asumió la presidencia, el pasado 28 de julio –luego de haber derrotado por un flaco 0.24 por ciento a Keiko Fujimori, la hija del ex dictador preso por crímenes contra la humanidad–, Pedro Pablo Kuczynski, el financista amigo de Wall Street, no ha tenido una vida fácil.

Patológicamente angurrienta de poder, favorecida por los árbitros electorales y todas las encuestas –viciadas o imparciales que fueran–, dedicada en la última década a comprar votos y organizar un partido, la heredera del ex dictador no ha sabido aguantar emocionalmente la derrota y ha pasado más de tres meses en absoluto silencio. Además de nunca felicitar al neoelecto presidente, como dictan las más elementales reglas de cortesía, Keiko Fujimori ha evocado el espectro del fraude insinuando que su derrota había sido orquestada por los grandes medios y los poderes fácticos.

Eso sí, antes de desaparecer de la escena pública, había lanzado un mensaje amenazador, acompañada por los 73 congresistas que su partido, Fuerza Popular, había ganado con 26 por ciento de votos del padrón en la primera vuelta electoral, copando así la mayoría absoluta del poder legislativo unicamaral, que cuenta con un universo de 130 diputados.

En aquella ocasión el mensaje televisado había sido claro: Fuerza Popular actuará su plan de gobierno desde el Congreso, sustituyéndose así declaradamente al poder ejecutivo. El hecho de que Keiko haya desaparecido físicamente después de este anuncio no significa que haya renunciado a manejar su bancada, disciplinándola casi militarmente. Y, sobre todo, a poner en acto su plan principal: emplear todo el poder de su mayoría absoluta en el legislativo –el Congreso es nuestro, ha declarado en un lapsus revelador un portavoz fujimorista– para serrucharle el piso al gobierno de PPK, como se conoce al nuevo presidente.

En los casi cinco meses de la presidencia Kuczynski, los fujimoristas, quienes en la campaña electoral se habían esforzado en enseñar una cara más abierta y democrática, revivieron los actos y los métodos de la dictadura que asoló el país en la década de los 90: prepotencia, intimidaciones, preeminencia del interés privado sobre el beneficio público, corrupción e impunidad, que siempre van de la mano, y, sobre todo, una legislación de corte abiertamente mafioso.

Como botones de muestra: una ley contra el transfuguismo, que impide a los congresistas cambiarse de partido so pena de convertirse en parias políticos, hecha para encerrar a los fujimoristas en su corral; una norma que limita las facultades de la Unidad de Investigación Financiera, impidiéndole comunicar sus hallazgos a las autoridades electorales; una ley ad personam que beneficia a un congresista de Fuerza Popular legalizando el robo de agua que su latifundio ha practicado por años a expensas de su comunidad.

Seguramente los fujimoristas ignoraban, al votar por esta norma, que los orígenes de la mafia siciliana, verdadero contrapoder en función antiborbónica, se fundó inicialmente en el control de las fuentes de agua, vital en las zonas áridas de la isla para cultivar los famosos tarocchi, las naranjas más rojas y sabrosas del continente.

Sin embargo, la perla de los atropellos fujimoristas ha sido la decapitación –afortunadamente simbólica– del secretario de Educación, Jaime Saavedra, funcionario impecable y competente heredado del anterior gobierno. La verdadera aversión de los keikistas no era tanto hacia el secretario, sino en contra de la reforma escolar, en particular la universitaria, que se está llevando a cabo y contrasta con sus intereses particulares. No es ningún misterio que muchos congresistas de Fuerza Popular –ya rebautizada por la vox populi como Farsa Popular o Fuerza Bruta– tienen sólidos nexos, que sean de propiedad o de financiamiento electoral, con un vasto archipiélago de universidades privadas casi todas patitos, crecidas como hongos a partir de la dictadura de Alberto Fujimori. Estas universidades quieren zafarse de cualquier control de calidad por parte de la Secretaría de Educación y entregan inútiles títulos a cambio de jugosas ganancias.

El espectáculo ofrecido por los fujimoristas en ocasión de la interpelación y posterior censura del secretario Jaime Saavedra, ya decidida y declarada de antemano con falsos pretextos y modales groseros e insultantes, ha sido tan disgustoso y ha exhibido un tal nivel de agresividad cavernaria que ha motivado un artículo de la revista The Economist titulado ¡Viva la ignorancia!, fuertemente crítico con la censura a un óptimo secretario que estaba trabajando eficazmente en mejorar la enseñanza nacional.

La fotografía clandestina –¡bendita superdefinición!– del celular de una congresista que revelaba las congratulaciones de la propia Keiko por la exitosa operación de bullying parlamentario y el alarde de la aplanadora por parte de sus incondicionales –¡ahora saben con quien se meten!– le han costado más de 10 puntos en la popularidad y un aumento vertical del rechazo.

Frente a esta muestra de prepotencia irracional, los otros partidos han tenido un comportamiento inconsistente: cuatro de los cinco diputados del Apra, reducido a furgón de cola de los fujimoristas, han votado por la censura y sustitución del secretario. En cuanto a la bancada oficialista y a los 20 congresistas del Frente Amplio, la formación de izquierda que constituye el segundo partido y atraviesa actualmente una crisis por disputas internas, su salida del Congreso al momento de la votación no ha sido más que un testimonio simbólico cuanto inútil.

No contenta con boicotear el gobierno Kuczynski en cada uno de sus actos, Keiko Fujimori está infiltrando a sus incondicionales en los ganglios sensibles del Estado. Con el silencioso beneplácito de PPK, quien cree que gracias a continuas concesiones podrá llevar la fiesta en paz, los fujimoristas, en una ni tan secreta escalada a las instituciones, se han hecho de la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Contraloría General de la República, unos puestos directivos en el Banco Central de Reserva y quieren hacerse de la Procuraduría Anticorrupción, entre otros reductos.

Moviéndose en un entorno de emboscadas y puñaladas traperas, el gobierno de PPK, que cuenta con el apoyo de sólo 18 congresistas, ni todos decididos a dar batalla, ha sido declarado en un lento desinfle y el propio Kuczynski afecto por una patética debilidad. El reciente primer encuentro del presidente con su enemiga jurada, por el solo hecho de darse en la casa del cardenal Juan Luis Cipriani, un prelado ultraconservador abiertamente fujimorista, ha sido percibido como la sumisión anticipada de la presidencia a los planes de la hija del ex dictador.

Por increíble que pueda parecer, las pataletas de una candidata derrotada, quien ha negado enfáticamente que su largo silencio se debiera a una forma de depresión postelectoral –¡la depresión es para los perdedores!, ha exclamado, ofendiendo a las miles de personas que la padecen– están bloqueando la dinámica política de toda una nación, si se considera que las pocas contribuciones legislativas de Fuerza Popular, impulsadas manu militari por Keiko Fujimori, no tienen ni una sombra de progreso o de búsqueda del bien común.

En Enrico IV, comedia de Luigi Pirandello, el protagonista, luego de golpearse la cabeza cayendo del caballo, cree ser un antiguo rey germano y todos sus amigos y familiares lo secundan en su locura por más de un década con tal de no darle un disgusto que podría ser fatal. Parece, mutatis mutandis, el caso de Keiko Fujimori, que sus íntimos se obstinan en llamar presidenta. Lo peor es que el mismo PPK, con sus infinitas concesiones, se lo deja creer.

* Profesor y periodista italiano