Nueva York.

La temporada navideña no da tregua a la retórica del presidente electo, que sigue angustiando a comunidades inmigrantes y musulmanas y reclutando a más multimillonarios y figuras derechistas para su gobierno en formación, aunque a la vez hay diversos esfuerzos por preparar una magna resistencia a su próximo mandato.

Usando el atentado en Berlín, Donald Trump pareció indicar –hay una carencia de detalles sobre todas sus propuestas hasta la fecha– que cumplirá su propuesta de prohibir el ingreso y/o establecer un registro de musulmanes. “Ustedes conocen mis planes… Siempre se ha comprobado que tengo razón. Ciento por ciento correcto”, comentó a medios este martes cuando le preguntaron sobre el ataque contra un mercado navideño ocurrido el lunes, ahora considerado atentado terrorista por las autoridades.

De hecho, este jueves se confirmó que el gobierno saliente de Barack Obama está desmantelando un sistema creado después del 11-S para vigilar a árabes y musulmanes en Estados Unidos, en un intento de prevenir que el gobierno entrante de Trump lo use para establecer un registro de musulmanes en el país. El Departamento de Seguridad Interior anunció este jueves que estaba procediendo a deshacer el sistema conocido como NSEERS, creado por el gobierno de George W. Bush como parte de una serie de medidas antiterroristas después de los atentados en 2001. Más de 80 mil personas que habían llegado de unos 25 países con población mayoritaria musulmana o árabe fueron obligados a registrar sus huellas digitales, fotografiarse y a veces presentarse ante las autoridades. Sin embargo, ni uno solo de estos individuos fue llevado a juicio y condenado por alguna relación con actividades terroristas.

El programa, diseñado después de redadas y encarcelamiento de miles de personas en comunidades árabes en esta y otras ciudades del país, fue repudiado por organizaciones de derechos y libertades civiles, y llevó a que unos 13 mil de los registrados fueran puestos en procesos de deportación. La decisión de desmantelarlo por completo es, en parte, respuesta a intensa presión de agrupaciones de derechos humanos y civiles a Obama para hacer todo lo posible de evitar que Trump use este y otros programas para su intención declarada de establecer un registro musulmán en el país.

A la vez, en un ámbito parecido, defensores de derechos de inmigrantes y de libertades civiles apremian tanto al gobierno federal como a gobiernos locales a destruir información sobre inmigrantes indocumentados para que no pueda ser utilizada por el gobierno de Trump en posibles intentos de promover deportaciones masivas. Cunde la preocupación de que los llamados dreamers que se registraron para obtener una legalización temporaria ahora pudieran ser perseguidos por el nuevo gobierno, ya que tiene sus datos sobre dónde están y qué hacen. En algunas ciudades, como Nueva York, se ofrecieron credenciales de identificación a indocumentados para gozar de acceso a servicios públicos, pero ahora se teme que esos datos también puedan ser utilizados para lo opuesto si el gobierno federal solicita la información.

Mientras Trump decide qué hacer en torno a su política migratoria, se reveló que Trump Vineyard Estates, cuyo dueño es el hijo del presidente electo, Eric Trump, solicitó este mes seis trabajadores del programa H-2 de trabajadores huéspedes, reportó Buzzfeed. Incluyendo esta última solicitud, empresas de Trump o que tienen su nombre han solicitado al Departamento de Trabajo permisos para contratar por lo menos a 263 trabajadores huéspedes extranjeros desde que lanzó su campaña presidencial; muchos trabajan es su mansión en Mar-a-Lago, en Florida.

A la vez Trump continúa nombrando integrantes de su gobierno. Este jueves seleccionó a Sean Spicer, director de comunicaciones del Comité Nacional Republicano, como secretario de prensa, entre otros miembros para el equipo de comunicaciones de presidencia, y como consejera del presidente a Kellyanne Conway, quien manejó su campaña en la recta final y es una de sus representantes más visibles.

A la vez, nombró a Carl Icahn, otro multimillonario (Forbes calcula su fortuna personal en 16 mil 500 millones de dólares), a su equipo de transición presidencial encargado de asesorar al presidente electo sobre regulaciones gubernamentales. No sorprende que Icahn sea un feroz crítico de regulaciones sobre empresas, sobre todo las ambientales (tiene intereses en refinadoras, entre otras cosas). Muchos recuerdan cómo tomó control de la vieja línea aérea TWA sólo para exprimirla, romper el sindicato y finalmente llevarla a la tumba junto con sus miles de empleos.

Falta por nombrar sólo tres secretarios: Asuntos de Veteranos, de Agricultura y representante de Comercio de Estados Unidos (puesto encargado de negociar tratados de libre comercio, entre otras cosas). Trump continuará evaluando estos y otros puestos de alto nivel en su mansión Mar-a-Lago, donde aparentemente pasará Navidad.

Cada nombramiento y pronunciamiento ambiguo pero amenazante del presidente electo continúa generando angustia entre sindicalistas, inmigrantes, comunidad musulmana, minorías, ambientalistas, comunidad gay, mujeres y defensores de libertades civiles, entre otros. Cada uno de estos sectores está realizando consultas entre sus filas y aliados; algunos ya están organizando expresiones de protesta para los días de la toma de protesta presidencial en Washington, mientras otros se preparan para una larga lucha.

Otros pronostican –más bien esperan– que el presidente electo de alguna manera se ausentará del escenario. No va a durar, tiene demasiados conflictos de intereses y otros problemas de manejo ético, es frase que se repite entre muchos circuitos.

Laurence Tribe, el distinguido profesor de leyes de la Universidad Harvard, escribió en The Guardian que en el momento en que Trump rinda el juramento como presidente y se comprometa a defender la Constitución del país, estará cometiendo una violación de magnitud constitucional. Tribe explica que la Constitución explícitamente prohíbe que cualquier persona en el gobierno acepte regalos, favores o títulos de cualquier tipo de un rey, príncipe o un Estado extranjero. Esta provisión es para asegurar la lealtad exclusiva de todo funcionario federal en todos los niveles a una sola cosa: el mejor interés del país. Por lo tanto, el interés que hasta hoy dejan al presidente electo sus negocios, incluyendo el flujo de beneficios, monetarios y otros, de poderes extranjeros, viola esta cláusula constitucional. Si continúa rehusando cesar toda relación con sus negocios, estaría sujeto incluso a ser destituido por eso, afirma Tribe. La inminente sombra constitucional generada por una presidencia de Trump representa un riesgo espantoso a nuestra seguridad nacional y es una grave falta al pueblo de Estados Unidos, concluyó.