El gobierno de México tendrá hasta febrero de 2017 para responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las acusaciones de violaciones a los derechos laborales presentadas ante esta instancia mundial por los mineros de Cananea.

Ello, toda vez que la empresa Grupo México, que tiene la concesión de la mina, violando la ley laboral y normas internacionales dio por terminadas las relaciones de trabajo con los mineros de Cananea, argumentando causas de fuerza mayor y presentando pruebas falsas que le aceptó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y así resolvió el despido de los trabajadores y la terminación de la huelga, indicó el abogado Óscar Álzaga, quien lleva este caso ante la CIDH.

A partir de ese momento, dijo, la empresa reabrió con otro nombre y trabajadores distintos, y el contrato colectivo de la mina se convirtió en de protección patronal y está en manos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), con la cual lo pactó el patrón. La prueba de ello es que con el nuevo contrato con el sindicato blanco, el salario se redujo en cinco años: de 350 pesos diarios promedio a 150 pesos; se destruyen los derechos de libertad sindical, de libre negociación colectiva y de huelga.

Por lo cual, el Sindicato Nacional de Mineros que encabeza Napoleón Gómez Urrutia acudió a la CIDH el 4 de enero de 2012, a solicitar su intervención para restablecer los derechos de los 832 mineros y sus familias afectadas también.

Luego de casi cuatro años, el pasado noviembre, esta instancia internacional notificó que el gobierno de México tenía tres meses para contestar a la petición de los trabajadores. Paralelamente, esta comisión abrió un diálogo entre las partes para llegar a una solución amistosa.

Por ello, en la reunión que este organismo llevó a cabo en Panamá el 7 de diciembre, se precisó que el lapso que tiene el gobierno concluye el 28 de febrero de 2017, prorrogable un mes. En tanto, el sindicato tendrá un mes para responder, a partir de que se notifique la respuesta del gobierno.

El abogado señaló que lo más previsible es que el gobierno niegue todo, fondo y forma, pero que ponga el énfasis en la forma, tanto para evitar la admisibilidad de nuestra petición, como para evitar que salga el fondo: el sucio procedimiento del gobierno panista de Felipe Calderón. Es doble el interés del gobierno por la forma: para evitar la admisibilidad y para evitar tocar el fondo, las violaciones de las autoridades en el procedimiento de la huelga y la demanda de la terminación de las relaciones de trabajo.

Al gremio le tocará probar que desde hace cuatro años hay un contrato colectivo de protección patronal, un sindicato blanco que excluyó de todo derecho a los 832 mineros legítimos, que son los auténticos trabajadores con derechos.

También deberá demostrar que los mineros y sus familias han sido afectados en sus derechos humanos básicos de sobrevivencia, como en lo económico, pero también en materia de los servicios de salud que tenían, entre otros, planteó Óscar Álzaga.