l pasado martes un estallido de cientos de toneladas de explosivos destruyó el mercado de cohetes y pirotecnia de San Pablito, municipio de Tultepec, estado de México, causó 32 muertos y más de 50 lesionados, dejó sin trabajo a decenas de miles de lugareños, causó graves pérdidas y cimbró a la opinión pública. Ese mismo día, otra explosión en una bodega clandestina de fuegos artificiales en la localidad de Tetla, en la Huasteca hidalguense, mató a una persona e hirió a otras tres, y ayer, en Tlaxcala, estalló un polvorín en el municipio de Sanctórum, en un incidente que por fortuna sólo generó daños materiales.

Lo ocurrido en San Pablito es una tragedia que pudo haberse evitado. El 15 de septiembre de 2005 ese centro de comercialización de pirotecnia fue consumido por las llamas, en un siniestro que dejó 50 heridos y en el que se consumieron 150 toneladas de fuegos de artificio. Reinaugurado en noviembre, menos de un año después, en septiembre de 2006, el mercado fue nuevamente destruido por un incendio que según cifras oficiales causó únicamente cuatro intoxicados y un bombero con quemaduras leves.

Con semejantes antecedentes era claro que ese centro de comercialización habría debido ser reconstruido en condiciones de seguridad máxima, que en él habría debido ponerse un énfasis particular en el cumplimiento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los reglamentos de Protección Civil y otros, y que varias dependencias civiles y militares habrían debido mantener una estrecha y permanente vigilancia del funcionamiento del tianguis.

A principios de agosto pasado, Juan Ignacio Rodarte Cordero, director general del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia –institución en la que se han invertido cerca de 65 millones de pesos en el pasado trienio–, afirmó que San Pablito era el mercado más seguro en Latinoamérica. Pero testimonios recabados por este diario indican que las verificaciones realizadas hace tres meses por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resultaron insuficientes; que en el centro de distribución se almacenó más mercancía de la permitida, y que no hubo quien cuidara eso; que no se respetó la distancia de 15 metros que debía mediar entre los locales para impedir la propagación del fuego entre uno y otro y que la separación entre el mercado y el estacionamiento era de cerca de la mitad de la prescrita.

En suma, independientemente del suceso preciso que haya iniciado la conflagración, todo indica que en San Pablito hubo graves omisiones de las autoridades, que sólo pueden entenderse como consecuencia de una extremada irresponsabilidad, de prácticas corruptas o de ambas.

Uno de los impactos menos mencionados del desastre ha sido el surgimiento de súbitas corrientes de opinión que claman por la proscripción simple y llana de la pirotecnia en el país, con el argumento de que se trata de una actividad intrínsecamente insegura. No lo es. En otros países –notablemente, en Estados Unidos, el 4 de julio, y en Francia, el 14 de ese mismo mes– se celebran fiestas patrias con profusión de fuegos artificiales sin que ello desate el temor de catástrofes como la que ocurrió el martes pasado en Tultitlán y como las que suceden con exasperante frecuencia en México en vísperas del 15 de septiembre y en la temporada navideña.

Tales tragedias no se explican por la actividad de los artificieros ni por la peligrosidad intrínseca de sus productos, que resultan de primordial importancia para fiestas nacionales y locales, la cultura religiosa y comunitaria y la economía de numerosos centros de población, sino por omisiones oficiales imperdonables en el control y la verificación de la cohetería y los fuegos artificiales; por prácticas corruptas que se traducen en el incumplimiento de leyes, reglamentos y normas, por la falta de medidas y dispositivos de seguridad adecuados y por la ausencia de una cultura adecuada de protección civil y seguridad laboral y comercial.

Ciertamente, la prioridad inmediata es dar atención adecuada a los heridos, asistir a los deudos y apoyar a quienes perdieron sus medios de subsistencia –que son buena parte de los habitantes de Tultepec–, pero es imprescindible además investigar a fondo la cadena de fallos, omisiones e irregularidades que hizo posible el accidente, deslindar las responsabilidades de empleados públicos y funcionarios, y fincar las imputaciones que correspondan. Sólo de esa manera será posible minimizar el riesgo de que la tragedia vuelva a repetirse.