La ley de seguridad interior no puede dictaminarse al vapor, tiene que realizarse una consulta a la sociedad, escucharse las voces de expertos, para concluir en una legislación que permita al Ejército continuar en las tareas de combate al crimen organizado, pero sin militarizar al país, advirtió el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa.

Al hacer un balance del periodo ordinario que acaba de concluir, dijo que fue complicado y se dejaron pendientes importantes, como el nombramiento del fiscal anticorrupción, y la ley orgánica de la fiscalía general de la República, que deben atenderse de inmediato, junto con la ley de seguridad interior que reclama el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

El coordinador perredista consideró que esta legislación que dará a las fuerzas armadas el marco jurídico que requieren para seguir en la lucha contra el narcotráfico y la violencia, debe resolverse en enero, escuchando a toda la sociedad, a la par de la reforma que crea el mando policial mixto, que está detenida en la Cámara de Diputados.

El tema de seguridad pública siempre estará a cargo de las policías y si se pretende crear una nueva ley que deja esa responsabilidad exclusivamente en el Ejército y la Marina, sin profesionalizar y sanear a las corporaciones policiacas, a lo que se está apostando es a la militarización del país y eso no se puede permitir, advirtió.

El Congreso, recalcó, tiene que hacer las cosas bien, sin albazos, como el que algunos pretendían, al proponer legislar en la época navideña, con un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados en enero, siempre y cuando se tenga el dictamen acordado, después de escuchar a organizaciones defensoras de derechos humanos, universidades, expertos, dado lo delicado del tema.

De lo contrario, dijo, la ley de seguridad interior se puede ir hasta febrero.

Explicó que el periodo que acaba de concluir fue productivo en el Senado, aunque, debido a los complicados tiempos políticos que se vivieron, quedaron muchos temas sin resolver, entre ellos el del matrimonio igualitario, la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que el propio gobierno y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) frenaron por considerar que influyó en su derrota electoral de junio pasado.

Igualmente recalcó, se achicó la iniciativa de Peña Nieto en torno a la mariguana, ya que sólo se regularizó su uso médico y quedó pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción, que debe resolverse al inicio del próximo periodo ordinario, en febrero.

Durante enero, consideró, se pueden llevar a cabo las comparecencias de los 32 candidatos, hacer la auscultación y en febrero nombrarse al fiscal anticorrupción. Paralelamente, agregó, el Senado debe trabajar en la elaboración de la reforma constitucional para eliminar el artículo transitorio –que se introdujo en la reforma politicoelectoral de 2014– en el que se da paso automático al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) para convertirse en el primer fiscal general de la República.

El senador Barbosa recordó que hay ya una iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) en esa materia y otras dos que deberán dictaminarse, para pasar después a la ley de la fiscalía general de la República.