Las medidas que normalizan la presencia militar y el estado de excepción no son un buen camino para la paz, advirtieron diversas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, que criticaron al Legislativo por la opacidad, premura y precipitación con la que pretenden legalizar la militarización del país y vulnerar el respeto a los derechos y garantías.

Advirtieron que las iniciativas sobre estos temas presentan enormes lagunas y no cumplen los estándares internacionales, pues no sólo hay una ausencia casi total de controles y contrapesos indispensables para este tipo de situaciones, sino incluso la propuesta de ley no indica el tiempo máximo de duración para la suspensión de garantías.

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones, que han lanzado el hashtag #SeguridadSinGuerra destacaron que los estados de emergencia atentan contra la médula constitucional, contra los derechos fundamentales y contra la división de poderes.

Además, expresaron una enorme preocupación por las iniciativas que buscan normalizar las tareas de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, y la de permitir al Presidente declarar el estado de excepción, en una decisión que implica la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, como los de libre manifestación, libre reunión y libertad de prensa.

En el tema del estado de excepción, las ONG exigieron diversos planteamientos que deben ser incorporados en la ley –todavía ausentes del dictamen aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados–, como es la existencia de una comisión legislativa, con facultades de investigación, para supervisar lo que suceda durante la suspensión de garantías, y donde sus informes deban ser públicos y mensuales.

Otra exigencia es garantizar la procedencia del juicio de amparo, a fin de que los ciudadanos tengan acceso a un contrapeso en el Poder Judicial, advierte el pronunciamiento elaborado, entre otras organizaciones, por la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México Unido contra la Delincuencia, el Centro Pro de Derechos Humanos, y expertos en el tema.

Fernando Ríos, de la Red TDT, estimó que aún en las actuales condiciones del país no se justifica la declaración del estado de excepción. Creo que una de las tareas de un Presidente que tiene uno de los mayores deméritos en muchos sexenios tendría que ser fortalecer a las policías, a las corporaciones civiles, y buscar realmente un diálogo nacional sobre seguridad ciudadana, en lugar de tratar de imponer acciones restrictivas a los derechos humanos.

Además, señaló que las organizaciones civiles están en alerta por esta situación que representará un grave regresión autoritaria en caso que estas iniciativas prosperen, como todo indica que pasará.

Por separado, Santiago Aguirre, del Centro Prodh, se refirió al tema del marco normativo al Ejército y Marina. Dijo que desde 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló expresamente que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior, como función de la policía, y la defensa nacional como labor de las fuerzas armadas.