Originalmente ascendían a 520 millones de pesos; quedaron en 401.9 millones
PAN, el más beneficiado; pagará el PRI 50.2 millones en vez de 88.6; el PRD, el más sancionado
Jueves 15 de diciembre de 2016, p. 4
El Instituto Nacional Electoral (INE) disminuyó, de última hora, 23 por ciento las multas por las irregularidades cometidas por los partidos políticos nacionales y locales en sus cuentas ordinarias del año pasado para dejarlas en 401.9 millones de pesos, cuando ascendían a 520 millones.
El PAN resultó el partido más beneficiado con los cambios, ya que la Comisión de Fiscalización lo había penalizado con 91.5 millones de pesos, que al final quedaron en 50.4 millones.
El PRI, en vez de pagar 88.6 millones de pesos, deberá cubrir 50.2 millones, de acuerdo con las cifras dadas a conocer ayer durante la sesión del Consejo General del INE.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Andrade, señaló que los nuevos montos se deben a que, además de todos los plazos que ampliaron para cubrir sus cuentas por pagar y cobrar, redujeron a los comités estatales la penalización por hacer gastos sin objeto partidista, de ciento por ciento a 50 por ciento.
Con estos nuevos criterios, el PRD se mantiene como el partido más multado, con 118 millones de pesos. No fue tan favorecido como las otras fuerzas políticas, ya que la cantidad aprobada previamente era de 122.7 millones.
Desde que se inició el proceso de fiscalización, los partidos cabildearon y presionaron a los consejeros electorales en pro de disminuir sus penalizaciones, lo que se tradujo en una disminución de casi 60 por ciento de las sanciones propuestas por la Unidad Técnica de Fiscalización, ya que la cantidad inicial superaba los 700 millones de pesos.
De esta manera, la multa para el PT pasó de 58 millones de pesos a 45.7 millones; la de Morena se redujo de 52.4 millones de pesos a 47.9 millones.
La de Movimiento Ciudadano disminuyó de 30.8 millones de pesos a 20.2 millones, y la de Encuentro Social descendió 500 mil pesos y quedó en 30 millones.
El PVEM suma 21.3 millones de pesos, mientras el monto inicial era de 25.1 millones. Las penalizaciones para los partidos locales disminuyeron poco: de 9 a 7 millones.
Ciro Murayama, integrante de la Comisión de Fiscalización, afirmó que las sanciones alcanzan un monto sin precedente
, equivalente a 4 por ciento del financiamiento público aprobado para los institutos políticos en 2015.
Rechazó que se trate de una fiscalización benévola, ya que un año antes las sanciones impuestas a las oficinas estatales de los partidos nacionales –por los organismos públicos locales, ya que el INE los fiscalizó por primera vez– sumaron 36 millones de pesos y este año serán 273 millones. Esto significa que crecieron 7.58 veces.
Hace un año a los comités nacionales se les castigó por este motivo con un monto de 39.4 millones de pesos y este año la cifra será de 128 millones.
No obstante, todos los representantes partidistas –salvo el de Morena– se quejaron porque las multas fueron desproporciona-das y representan una cubetada de agua fría
, como resumió el representante de Encuentro Social, Berlín Rodríguez.
Acuerdan investigar a la Fundación Rafael Preciado
Con mayoría de seis consejeros se aprobó investigar el contrato de comodato de la Fundación Rafael Preciado con el PAN. Hace algunas semanas, la Unidad Técnica de Fiscalización propuso sancionar al blanquiazul con multa de unos 70 millones de pesos por no informar sobre las cuentas de dicha organización. Sin embargo, el dirigente de este partido, Ricardo Anaya, y su representante ante el INE, Francisco Gárate, hicieron intensos cabildeos hasta lograr que se borrara el tema, aduciendo que es un organismo que funge como proveedor.
Sin embargo, ayer reapareció sorpresivamente
el tema en una fe de erratas para que se iniciara un procedimiento ordinario sancionador sobre los gastos de la fundación. Algunos consejeros, como Benito Nacif, defendieron no castigar al PAN. Otros, como el presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, así como Arturo Sánchez –quien por ese motivo recibió reclamos de Gárate– aprobaron que al menos se indague el contrato de comodato para esclarecer la situación legal de la fundación.