La sección instructora de la Cámara de Diputados desechó de plano 27 expedientes de solicitudes de juicio de procedencia que estaban archivadas desde 2006.

Entre los expedientes que ya no permanecerán latentes en San Lázaro para retirar el fuero a los funcionarios señalados y procesarlos penalmente están las acusaciones contra Marcelo Ebrard, Fidel Herrera, el ex presidente Felipe Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera. Por ejemplo, la sección instructora explicó que el caso de Juan Molinar Horcasitas se desechó porque éste falleció en 2015.

Los nombres que aparecen en las solicitudes de juicio político son: Bernardo Bátiz, Marcelo Ebrard, Emilio Álvarez Icaza, María del Pilar Noriega, Mario Antonio Caballero Luna, Andrés Granier Melo, Eugenio Hernández Flores, Jesús Reyes Heroles, Fidel Herrera Beltrán, Víctor Gabriel Varela y Enrique Peña Nieto.

Además, Juan Molinar Horcasitas, Felipe Calderón Hinojosa, José Ángel Córdova Villalobos, Lázaro Tenorio Godínez, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Manuel Martínez Garrigós y Rodolfo Ríos Garza.

Luego que el presidente de la sección instructora, Ricardo Ramírez (PRI), dio a conocer la lista de expedientes desechados, el representante del PRD en esa instancia, Omar Ortega, denunció la violación flagrante a la ley por PRI, PVEM y sus aliados a fin de dejar impunes a funcionarios contra quienes hay solicitudes de declaración de procedencia por irregularidades en el servicio público, entre ellos Peña Nieto, Eruviel Ávila y Arely Gómez.

Los nombres de Eruviel Ávila y de Arely Gómez no figuran en el listado que reveló Ramírez Nieto; no obstante, Ortega consideró que PRI, PVEM y sus aliados incurrieron en un exceso al imponer ilegalmente su mayoría para desechar dichas solicitudes.

El perredista dijo que la sección instructora incurrió en una escandalosa arbitrariedad al aplicar criterios distintos para casos similares, pues en los que ya dejó de existir el fuero reconocieron el derecho de particulares a presentar las solicitudes, no así en los casos donde los denunciados aún tienen fuero.

Explicó que esa violación afecta los derechos constitucionales de la ciudadanía en materia de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, en primer lugar al dilatar durante años el desahogo de las solicitudes, a grado tal de dejarlas prescribir incluso por muerte de los denunciados.

Agregó que en estos casos podría ser válida la declaración de improcedencia, pero de ningún modo el desechamiento, porque, contrario a lo que alegan priístas y pevemistas, es facultad de cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, denunciar ante la Cámara de Diputados conductas irregulares de los funcionarios previstas en la misma ley.