ocó el turno al Poder Judicial de la Federación. Al rendir su segundo informe de actividades, con Enrique Peña Nieto como invitado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar Morales, dijo, en fraseo más rebuscado, que es demasiado el trabajo que tienen y que no alcanzan a desahogar oportunamente, que los legisladores suelen generar cargas jurídicas que no pueden ser vigiladas judicialmente en su cumplimiento y que ese, uno de los tres poderes de la Unión, también necesita urgente revisión y actualización.

Sin la estridencia ni la conmoción que provocaron las palabras del general Salvador Cienfuegos al exigir un nuevo marco jurídico para las acciones militares contra el crimen organizado, pero el ministro presidente del máximo tribunal nacional advirtió que es una reflexión impostergable el revisar la ley y las competencias en materia de legalidad de la Suprema Corte, las cuales eran explicables en el contexto de hace más de 20 años, pero desfasadas a la luz de una nueva realidad social, que exige herramientas legales modernas y eficaces.

Al hablar de seminarios jurisdiccionales que se impartirán a miembros de las fuerzas armadas por parte de ese Poder Judicial, el ministro Aguilar Morales aseguró que los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas: no es opcional, no podemos eludirlo. E hizo una precisión importante para quienes hablan de que la defensa de los derechos humanos significa una protección preferencial para los supuestos delincuentes: A pesar de lo que la opinión pública o los medios señalen, nadie es culpable hasta que se demuestre, siguiendo el debido proceso legal, y hasta que exista sentencia firme, inmodificable, de un juez competente que así lo determine.

Ese ámbito judicial ha estado, hasta ahora, en un segundo plano en el escaparate nacional, relativamente al margen de las grandes discusiones sobre la eficacia y honestidad de los poderes constitucionales. Sometido históricamente por los ocupantes de los cargos ejecutivos (presidencia de la República y gobernadores, en la jurisdicción correspondiente); infiltrado, como los demás cuerpos del Estado mexicano, por el crimen organizado que amenaza y corrompe a jueces, magistrados, ministros y buena parte de la estructura operativa, el Poder Judicial de la Federación y los supremos tribunales estatales de justicia requieren muchas y diversas reflexiones impostergables, no solamente respecto a las cargas de trabajo y el poco personal y recursos para cumplir con sus funciones.

Declaraciones de peñistas en tiempos confusos: el jefe del Estado Mayor Presidencial, general de división (recién ascendido) Roberto Miranda Moreno, rindió un informe de actividades 2015-2016 (este tecleador ignaro se pregunta cuán diversificado e interesante podrá ser un informe de ese tipo), en el que aseguró que ese órgano militar, al servicio del ocupante de Los Pinos, es una institución que se renueva constantemente, con el objetivo de insertarse al momento de cambio que vive el país, y ser parte de la transformación que ha emprendido el presidente Enrique Peña Nieto. También mencionó el general Miranda que nuestro incentivo es cuidar a México, mediante la estabilidad que genera la seguridad del Presidente de la República (la página de Internet de la Presidencia de la República incluye una fotografía en la que se ve al citado general de división entregando un documento; (se entiende que es el informe de actividades) a Enrique Peña Nieto, ambos con media sonrisa y viendo a la cámara.

En otro acto, el jefe de la oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, se esmeró en recalcar el concepto de unidad: Trabajamos en unidad para obtener resultados; trabajamos en unidad para acelerar la transformación del país; trabajamos en unidad por un único y solo gran propósito: asegurar un gran futuro para todos los mexicanos. Guzmán Ortiz habló en un acto en el que se reconoció a empleados de larga trayectoria y a algunos se les entregaron estímulos y recompensas. También enfatizó que la vocación por el servicio público se practica, se siente y se vive intensamente en la Presidencia de la República (https://goo.gl/DfT0xQ).

En la misma reunión, el coordinador general de administración de Los Pinos, Carlos Ramírez Velasco, transmitió a los galardonados el mensaje de Peña Nieto de que sean factor de unidad, pues es la unidad el activo más valioso con el que cuenta el país, y es así como habremos de sortear los desafíos de los próximos años, no sólo para enfrentarlos sino para superarlos. ¿Cuáles son las motivaciones de estos personajes para exhortar de esa manera a los miembros de los ámbitos militares, políticos y administrativos cercanos a Peña Nieto? ¿O son simples discursos de rutina, con palabrería soltada sin mayor simbolismo?

Dado que el gobernador Rubén Moreira Valdez decidió impulsar como candidato del PRI a gobernador de Coahuila a Miguel Ángel Riquelme (presidente municipal, ahora con licencia, de Torreón), otro priísta, Javier Guerrero (actual diputado federal), dejó su militancia de casi cuatro décadas, en las que ha ocupado diversos cargos administrativos y legislativos, para postularse como candidato independiente, con inmediato caballo bronco en su identificación en redes sociales. Tal división del voto priísta pone en riesgo la continuidad del moreirato y ayudará electoralmente al PAN.

Y, mientras el riesgo de mayor violencia sigue latente, con jóvenes (presuntos activistas) que ayer, ante la cerrazón y la mentira oficiales, lanzaron piedras y cohetes contra las puertas de la zona militar de Chilpancingo, Guerrero, de donde habrían salido a su vez petardos, ¡hasta mañana, luego que en Bácum, Sonora, fueron secuestrados María Anabela Carlón, abogada de la tribu yaqui contra la instalación de un gasoducto de Ienova Sempra Energy (luego liberada), y su esposo, Isabel Lugo Molina, por parte de un grupo armado y con participación de un vehículo del gobierno estatal, según afirma la abogada!

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