De 2000 a 2015 México aprehendió a 2.1 millones de extranjeros, en sucesos que significan privación de la libertad (en estaciones migratorias) y repatriaciones sin analizar la situación de cada persona, advirtió Sin Fronteras.

Las detenciones deberían ser la excepción, no la regla, porque la entrada a territorio nacional de forma irregular es una falta administrativa, no un delito, subrayó.

En la presentación del informe a 15 años de la revisión de Sin Fronteras a la situación de migrantes –y 20 años de la existencia de esta organización civil– se dijo que la política de detenciones no sólo contraviene la Constitución, sino que limita o elimina el derecho de las personas a recibir protección internacional.

Señaló que este proceso forma parte de una cadena de traumas sicológicos para los extranjeros. En una muestra aplicada a 188 migrantes, 25 por ciento mostró nerviosismo durante la detención; 53, insomnio; 27, cefaleas; 54, inapetencia; 46, desesperanza, y 32 por ciento desinterés.

Sin fronteras destacó la persistencia de celdas de castigo o aislamiento, así como la ausencia o carencia de información y asesoría puntual para quienes busquen refugio o protección complementaria del Estado mexicano.

Es decir, el encierro lleva implícita la presunción de que el extranjero no tiene más derecho que el de ser expulsado, así como un castigo o mecanismo de inhibición para quienes transitan en territorio nacional sin los documentos requeridos por la ley.

Al acumulado de 2000-2015 se sumarían 130 mil casos de enero-octubre de 2016. El año pasado se presentó un registro sin precedente en la década, con 198 mil 141 eventos que los grupos civiles llaman detenciones y el Instituto Nacional de Migración presentaciones ante la autoridad o rescates. De ese total, más de 80 por ciento derivaron en deportaciones.

En la estadística de la Secretaría de Gobernación se precisa que en 2015 fueron presentados ante la autoridad migratoria 38 mil 514 menores de edad; de ellos, casi la quinta parte fue expulsada, situación que Sin Fronteras consideró otro punto de alerta.

Alan García Campos, de la unidad jurídica de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que en muchos casos los arrestos son arbitrarios. Explicó que si bien no toda privación de la libertad de un migrante puede ser calificada en automático de detención arbitraria, preocupa la práctica generalizada, automática y mecánica de ésta, que debe responder a una situación específica e individual, de último recurso.

Ello no necesariamente está ocurriendo en México, donde la regla es justamente lo que tendría que ser la excepción, dijo.

Los especialistas que participaron en la exposición del informe Detención sin excepción, advirtieron que los planes restrictivos –ya sea el levantamiento de muros, vallas o más policías– como plantea el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, son alternativas deficientes y sólo provocan la multiplicación de las ganancias de los traficantes de personas.

Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, expresó: Hay mucha incertidumbre, porque no sabemos qué barbaridades se puedan ocurrir (a Trump) en el camino.

En la presentación del informe también hicieron comentarios Joselin Barja, consultora de Sin Fronteras y coordinadora de la edición; Elba Coria, directora de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaide Foppa de la Universidad Iberoamericana, así como la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez.