Ante la falta de información precisa sobre el desplazamiento interno forzado, el gobierno mexicano se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –durante una reunión en Panamá celebrada el lunes pasado– a realizar en breve un diagnóstico nacional sobre este creciente fenómeno que, de acuerdo con las cifras más conservadoras, afecta al menos a cien mil mexicanos.

En el contexto de las audiencias públicas a las que fue citado el Estado mexicano ante la CIDH. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, cuestionó las cifras citadas por diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil, en las que señalaron que el número de personas afectadas por esta problemática, generada principalmente por la violencia, podría rebasar las 300 mil víctimas.

Si cualquier cambio de domicilio por motivo de seguridad se considera desplazamiento interno forzado, habrá que revisar todas las estadísticas en esta materia en todo el mundo, dijo Campa Cifrián ante varios comisionados de la CIDH.

Representantes de diversas organizaciones civiles, peticionarias de la audiencia, argumentaron que el fenómeno del desplazamiento interno no sólo ha crecido en años recientes, sino que se ha extendido a 17 entidades del país, de donde se tienen registros de episodios masivos.

La CIDH citó al Estado mexicano a cuatro audiencias temáticas con el propósito de que expusiera ante el organismo interamericano las acciones que ha emprendido en materia de protección de los derechos sindicales, el fenómeno del desplazamiento interno, los derechos humanos de los pueblos indígenas en la península de Yucatán y la desaparición de personas.

México presentó información sobre el proceso de elaboración y discusión en el Legislativo de la iniciativa de ley general en la materia (el periodo ordinario de sesiones concluye la semana entrante); acciones de procuración de justicia y búsqueda, y fortalecimiento del trabajo con organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Con base en encuestas y estudios oficiales, incluso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Brenda Pérez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que con la información recopilada se estima que unas 285 mil personas se han desplazado de manera forzada en varios estados del país por la violencia.

Agregó que este número seguramente es mayor, pues hay muchos desplazamientos que no se contabilizan por presentarse de manera nuclear de familias, pero que están ahí, ocultos todavía. Esto, explicó, porque los desplazamientos masivos consisten en el movimiento simultáneo de 10 o más familias de una misma comunidad, resultado de un factor de expulsión común.

Durante la audiencia, donde la representación del Estado mexicano se dedicó a demeritar las cifras y minimizar el fenómeno, las ONG reprocharon la exclusión del término forzado en las reformas que el Senado hizo a la Ley General de Víctimas, que están en revisión en la Cámara de Diputados.

Este fue sólo uno de los temas del desencuentro que se dio en la audiencia pública acerca de las cifras, pero también en la definición del delito.

Las organizaciones sociales deploraron que a pesar del creciente fenómeno que se ha registrado en años recientes, el gobierno no tenga ni siquiera un diagnóstico oficial sobre la magnitud del problema, además de que exigieron que se tipifique como delito el desplazamiento interno forzado.

Alejandra Nuño, abogada y especialista en el tema, destacó la incongruencia del gobierno mexicano que niega la gravedad del problema, cuando México ha sido señalado por la comunidad internacional y diferentes instancias internacionales como uno de los países que viven una crisis generalizada en materia de derechos humanos, con casi 30 mil desaparecidos y graves problemas de seguridad pública.

Asimismo, en Panamá se hizo referencia a la puesta en marcha del mecanismo para el seguimiento del caso Iguala (la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa) y al papel del relator de la CIDH para México, comisionado Gil Botero, en la conducción del mecanismo.

Durante la audiencia se coincidió con los solicitantes de la misma en la importancia de la pronta aprobación de la ley general y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia pericial y de procuración de justicia, entre otros, se indica en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.