El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) debe entregar información acerca de cuántas personas y dispositivos telefónicos intervino en 2014 sin contar con autorización de un juez federal, en respuesta a una solicitud de transparencia, propone el ministro José Ramón Cossío Díaz en el proyecto de dictamen del recurso de revisión en materia de seguridad nacional que analizará el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo lunes.

La Presidencia de la República se opone a que se entreguen esos datos a un particular, con el argumento de que se trata de información reservada y está relacionada con la seguridad nacional.

Trascendió que Cossío considera que el tema es de mera legalidad y que la información que se solicita es pública. Además, que se trata de estadísticas que no ponen en riesgo la seguridad nacional, por lo que no hay razón para que el Cisen reserve los datos requeridos.

Fuentes judiciales comentaron que se espera que el tema genere intensa discusión en el pleno, ya que se prevé una controvertida participación del ministro Eduardo Medina Mora, quien fue director del Cisen durante el gobierno de Vicente Fox.

Esta será la primera vez que la Corte discuta un recurso de revisión en materia de seguridad que, de acuerdo con la ley, sólo puede promover el representante jurídico de la Presidencia cuando se refiera a la eventual entrega de información (vía solicitud de datos) en la que esté de por medio la seguridad nacional.

En este caso, un particular solicitó información sobre las intervenciones de comunicaciones privadas solicitadas por el Cisen en 2014. El centro se vio obligado a entregar un reporte luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) resolvió que esos informes eran públicos.

El Cisen aceptó dar a conocer el número de intervenciones de comunicaciones que solicitó a jueces federales, pero se negó a informar a cuántas personas y teléfonos intervino.

Esta respuesta fue considerada insuficiente por el Inai, lo que derivó en la intervención de la Consejería Jurídica de la Presidencia para que la SCJN resuelva el asunto en definitiva.