El político Jaime Martínez Veloz entregó en la sede del Ministerio Público Federal una carta dirigida al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, copia de la denuncia presentada en contra del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal en perjuicio de cientos de personas a las que les ofreció adquirir un departamento de lujo en el municipio de Rosarito, en Baja California.

Acompañado por integrantes de la Coalición Binacional contra Donald Trump y de la Organización Binacional Migrante Aztlán, Martínez Veloz acudió a la sede central de la PGR en la Ciudad de México para solicitar al procurador Cervantes que esté atento a la denuncia, ya que, de acuerdo con las pruebas presentadas en la querella, Trump sería responsable del delito de defraudación fiscal al no contar con los permisos necesarios por parte del gobierno mexicano y particularmente de la Secretaría de Hacienda para realizar inversiones en México.

Según la querella, en 2006 Trump llegó a “a la ciudad de Tijuana, Baja California, en su carácter de agente inmobiliario, manifestando que una de las cosas que más amaba en un proyecto de desarrollo en las playas mexicanas colindantes entre Tijuana y Rosarito es que ‘están en Baja México, y Baja representa un proyecto como Cabo’, expresándose que haría un desarrollo tipo Los Cabos”.

Martínez Veloz, quien presentó la denuncia a título personal, señaló que el caso es que la compañía de Trump supuestamente construiría torres de departamentos de lujo con precios que iban de 350 mil a 900 mil dólares.

Para ello el predio en el que supuestamente se construirían tres torres que albergarían 500 departamentos se colocaron maquetas y empezaron a hacer excavaciones y se llevaron a cabo actos de preventa. Según Martínez Veloz, Trump habría recibido alrededor de 60 millones de dólares sin llevar a cabo ninguna obra, y mucho menos cumplir en México con sus obligaciones fiscales.

El ex legislador entregó a la PGR información en la que consta que ninguna autoridad municipal le extendió los permisos de construcción.