Puebla, Pue.

El Congreso estatal otorgará fuero constitucional a los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), acusados por especialistas y organizaciones ciudadanas de encubrir la opacidad en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas.

El presidente de la comisión de transparencia del Poder Legislativo, Marco Antonio Rodríguez Acosta, anunció que la reforma se aprobará este año.

Explicó que los diputados modificarán la Constitución de Puebla para dar inmunidad procesal a esos funcionarios, de la cual gozan hoy día el gobernador, legisladores, magistrados, el auditor superior del estado y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

La reforma, agregó, corresponde a la armonización que se realiza desde octubre pasado para aplicar el Sistema Estatal Anticorrupción, y que obliga a convertir a la CAIP en instituto.

La CAIP es un órgano autónomo que encabezan Norma Estela Pimentel Méndez, María Gabriela Sierra Palacios y José Luis Javier Fregoso Sánchez, quienes tuvieron relación laboral con el mandatario de Puebla o personajes cercanos a él antes de que el Congreso local los nombrara comisionados.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla ha acusado a la CAIP de negligencia y sostiene que los nexos entre comisionados y gobierno es la razón principal de la falta de transparencia de este último.

Javier Fregoso, presidente de la CAIP, fue asesor de Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle, durante la campaña por la gubernatura en 2010, que ganó postulado por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano).

Sierra Palacios llegó a la CAIP tras ocupar un cargo directivo en la Auditoría Superior del Estado, órgano que desde 2011 encabeza David Villanueva Lomelí, también ligado al gobierno.

El vínculo entre Norma Estela Pimentel y Moreno Valle data del periodo en que este último fue secretario de Finanzas durante la administración del priísta Melquiades Morales Flores. En ese lapso la actual comisionada ocupó la dirección jurídica de dicha dependencia.