l asistir a la firma de unas bases de colaboración para reforzar la supervisión del autotransporte de carga entre las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes (SCT), el titular de la primera, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que están sucediendo hechos que lastiman a las familias mexicanas en la pérdida de vidas, en referencia al alto número de accidentes carreteros, muchos de ellos mortales, en los que se ven involucrados transportes de carga. Y en efecto, casi no hay semana en la que no ocurran uno o más sucesos desastrosos en los caminos de todas las categorías del territorio nacional –volcaduras, alcances entre vehículos, carambolas y derrames de sustancias peligrosas–, que no sólo se cobran una exasperante cuota de muerte, sino que provocan afectaciones económicas de consideración, tanto por la destrucción material de automotores y de cargamentos como por las interrupciones en el tránsito carretero.

En buena medida, tales tragedias tienen su causa en el afán desmedido de utilidades de empresas transportistas, que escamotean gastos al mantenimiento de los vehículos y someten a los choferes a condiciones de trabajo extenuantes y, por tanto, peligrosas. Pero debe considerarse que tales conductas empresariales ocurren al amparo de la corrupción o, cuando menos, de la omisión de las autoridades que debieran supervisar las condiciones físicas y mentales de los conductores y el estado de las unidades.

Aunque en menor medida, los vicios referidos afectan también al transporte de pasajeros. Para no ir más lejos, en las últimas 48 horas dos autobuses protagonizaron accidentes graves en la carretera Morelia-Zinapécuaro (un muerto y 30 heridos) y en la que va de Acapulco a Zihuatanejo (8 lesionados).

Una circunstancia particularmente riesgosa es la circulación por los caminos del país de tráileres de doble semirremolque, una clase de vehículos de carga que, por su estabilidad a todas luces deficiente, debiera estar lisa y llanamente prohibida en las autopistas y carreteras sinuosas.

La proclividad de ese tipo de unidades a sufrir volcaduras se agrava ante cualquier falta de mantenimiento o por vicios de conducción, más que frecuentes entre conductores sometidos a largas jornadas y a horarios acuciantes que los obligan a circular a velocidades mayores a las legalmente establecidas.

Por desgracia, los accidentes vehiculares no son el único riesgo que se ha de afrontar cuando se viaja por las carreteras nacionales, las cuales, en diversas regiones, se han convertido en una tierra sin ley en la que tienen lugar asaltos, violaciones, secuestros y homicidios, en ocasiones con complicidad de agentes policiales municipales y estatales. Tal situación es particularmente aguda en entidades como Tamaulipas, el estado de México y Veracruz.

El martes pasado, en el trayecto de Chilpancingo a Tixtla, Guerrero, un grupo armado asaltó un transporte colectivo y dio muerte a cinco de sus pasajeros, dos de ellos estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

En suma, el acuerdo firmado ayer entre la Gobernación y la SCT es sin duda un paso en la dirección correcta, pero se requieren muchos más para recuperar el control y la seguridad de las carreteras nacionales.