El PRD, gobernadores y legisladores de este partido plantearon una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de incrementar de 20 a 25 por ciento las participaciones federales que reciben los estados, lo que implicaría, según sus cálculos, 200 mil millones de pesos adicionales para los gobiernos locales, y sugirieron obtener recursos extraordinarios del déficit fiscal, en contraste con la propuesta de la Secretaría de Hacienda.

El PRD solicitó una entrevista con el secretario de Hacienda para presentar la propuesta y requerir información sobre el recorte.

Los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Tabasco, Arturo Núñez, señalaron que el proyecto de presupuesto 2017 pretende aplicar un recorte general a los fondos que destinan los estados a educación, seguridad, cultura, programas sociales, campo e infraestructura, y que los aumentos anunciados por Hacienda el 8 de septiembre son selectivos.

Aureoles refirió que la ley no se ha modificado desde hace 40 años en cuanto a la fórmula para distribuir la recaudación, que deja 80 por ciento de los fondos a la Federación y 20 por ciento a estados y municipios, lo cual debilita la capacidad financiera de éstos, porque todas las fuentes de recaudación las tiene la Hacienda federal.

Núñez dijo que si bien, como ha señalado Hacienda, la reforma fiscal amortiguó la caída de los ingresos petroleros, el problema es la distribución de los recursos. Hay rubros que se dejan en cero en la iniciativa del Ejecutivo, señaló.

Ante ese panorama, las bancadas del PRD en las cámaras de Diputados y de Senadores integraron una comisión para intentar recuperar fondos para los estados que gobierna este partido.

Según Aureoles, el ramo 33 aumenta 5 por ciento en las aportaciones, pero ese ligero incremento no es para todos, sólo para algunos, porque a 22 no les toca; los fondos regionales disminuyen 82 por ciento y los metropolitanos 80, lo cual deja a estados y municipios prácticamente sin capacidad para inversiones.

El gobernador michoacano dijo que el monto adicional que representaría modificar la fórmula de distribución de las participaciones federales no es un disparate. Al revés. Somos un país federalista, pero a veces sólo lo vemos en la letra. Si son 200 mil millones de un presupuesto de 5 billones no impactaría mayormente, y si además revisamos el déficit, que es un mito que sea malo, porque cuando se invierte en acciones productivas o infraestructura genera empleo y dinamiza la economía.