La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó al Senado que en el país existen 90 mil personas víctimas de desplazamiento forzado y pidió que se emprenda una reforma constitucional que otorgue al Congreso de la Unión la facultad de legislar en esa materia, ya que ante la gravedad del problema es urgente que el Estado mexicano reconozca oficialmente su existencia y lo enfrente con políticas públicas de prevención y atención.

Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH, presentó el informe actualizado sobre personas desplazadas en México –en el reporte de mayo pasado reportó 35 mil 500 víctimas de desplazamiento forzado.

Sostuvo que la cifra de 90 mil desplazados sólo es indicativa, es una muestra de la cantidad real, que debe ser mucho mayor, pues hay organizaciones sociales que hablan de 280 mil personas desplazadas en México.

Explicó a los senadores que la metodología que utilizó la CNDH para obtener esos datos fue sumar los resultados obtenidos por los visitadores adjuntos, que aplicaron mil cuestionarios en 63 municipios de las 32 entidades del país, a los totales de la información aportada por autoridades municipales, estatales y federales, organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades indígenas, que fueron entrevistadas.

Corzo Sosa insistió en que se debe reconocer la existencia del desplazamiento forzado en el país por diferentes causas: violencia, inseguridad, megaproyectos, impunidad, debilidad del estado de derecho y la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo, que ha propiciado que un número considerable de mexicanos abandonen sus lugares de origen y de residencia en busca de mejores condiciones de subsistencia y, muchas veces, para preservar su vida y la de sus familias.

Anunció que en breve la CNDH presentará un proyecto de ley de desplazamiento forzado en el país.

A su vez, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, urgió a los senadores a aprobar las reformas a la Ley de Atención a Víctimas para que se pueda dar atención, apoyos y ayuda a los afectados, porque hoy, como está la ley, no podemos atenderlos.

Precisó que aunque en la ley vigente, el artículo cuatro habla de víctimas por violaciones a derechos humanos, del delito, quien sufre en su economía o en distintos aspectos, la ley sólo nos permite atender a víctimas del fuero federal. En la reforma que trabaja el Senado ya se habla de desplazamiento interno.

José Zamora, director general de políticas públicas de la Secretaría de Gobernación, manifestó a los legisladores que el gobierno federal ya está trabajando en la elaboración de una norma para atender este fenómeno. Probablemente estará lista a finales de este año o a principios de 2017, y en el grupo de trabajo participan organizaciones civiles, autoridades federales y estatales.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas, sostuvo que la reforma a la Ley General de Víctimas la frenó el gobierno, porque no quiere que se hable de desplazamiento forzado, sino de desplazamiento interno.

Subrayó que no se trata de ubicar a México en un contexto de conflicto armado ni de llevarlo a (la Corte de) La Haya, sino de atender el problema real como es: desplazamiento forzado de personas.

Al final, Corzo Sosa aseveró: Todo lo que se identifica como forzado causa fricciones, es el caso de las desapariciones forzadas; aquí se trata de desplazamiento forzado. La gente no se va porque quiere, se va para salvar su vida.