La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación (42/2016), dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, por cateo ilegal, detención arbitraria y ejecución arbitraria en agravio de seis personas, dos de ellas menores de edad, cometidos por soldados en San Luis de la Loma, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, en septiembre de 2012.

La comisión aseveró que existen elementos suficientes para considerar que los militares violaron los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, así como a la inviolabilidad del domicilio, la vida, acceso a la justicia y a la verdad de las seis víctimas. Al cierre de la edición, la Sedena no había fijado una postura oficial.

La recomendación señala que aproximadamente a las 14 horas del 1º de septiembre de 2012, mientras se festejaba el cumpleaños de una de las víctimas, 20 militares armados llegaron en dos vehículos oficiales y se introdujeron violentamente al domicilio; sacaron a dos personas menores de edad y cuatro adultos, uno de los cuales carecía de movilidad en ambas piernas, como consecuencia de un accidente automovilístico.

De acuerdo con testigos, agrega, las personas fueron subidas a las unidades militares, que partieron rumbo al poblado El Guayabo, donde cerca de las 15 horas (los agraviados) fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego, además de que se encontró armamento en el lugar, con el propósito de hacer ver que las víctimas fallecieron a causa de un enfrentamiento con los soldados.

El uso de la fuerza letal fue injustificado, ya que las víctimas, al encontrarse sometidas y desarmadas, no representaban amenaza para el personal de las fuerzas armadas, pues no portaban armas de fuego, objetos, instrumentos o herramientas que pusieran en peligro la vida de los militares o de terceros, añade.

La Sedena admitió haber participado en los hechos, indicó la CNDH, y entregó alguna cantidad de dinero para cubrir los gastos funerarios y brindar atención sicológica a los familiares de las víctimas, pero aclaró que quedan pendientes otras acciones.

La CNDH solicitó al general Cienfuegos la reparación integral del daño, que considere atención médica y sicológica, en calidad de víctimas, a los familiares afectados por la privación de la vida de los seis agraviados, para restablecer su salud física y mental, así como una compensación y/o indemnización justa.

Le solicitó asimismo su colaboración para iniciar las averiguaciones previas correspondientes ante las procuradurías General de la República y la militar a fin de investigar la colocación de armas de fuego en el lugar de los hechos, así como gestionar ante la Comisión Especial de Atención a Víctimas el pago de las indemnizaciones correspondientes.