El Estado mexicano no ha impulsado ni concretado un solo cambio que garantice la no repetición de hechos similares a los ocurridos en Iguala hace dos años. Por el contrario, la violencia y las desapariciones continúan, cobijadas por la impunidad, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Además, señaló que el decálogo de acciones anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre de 2014, con las que según el discurso oficial aseguraba que ya no ocurrirían hechos similares a los de Iguala, permanece mayormente incumplido, sin mencionar incluso que esas medidas fueron consideradas insuficientes desde el principio.

De igual forma, lamentó que la ley general en materia de desaparición forzada, que debía estar lista en diciembre pasado, no se haya aprobado, en una omisión atribuible tanto al poder Ejecutivo como al Legislativo.

Que después de Ayotzinapa no se haya aprobado esta legislación en un proceso que incorpore las experiencias y las preocupaciones de los familiares de desaparecidos de todo el país, es la mejor prueba de que no se han adoptado garantías de no repetición después de los hechos del 26 de septiembre de 2014, señaló.

Los pendientes

El Centro Prodh, instancia que desde el principio ha representado legalmente en México y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, aseguró que estos cambios profundos en las leyes y también en la práctica siguen siendo uno de los grandes pendientes del caso.

En una serie de fichas y documentos elaborados con motivo del segundo aniversario de los hechos de Iguala, el Centro Prodh destacó que dentro de las recomendaciones dejadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes hay una decena dedicadas esencialmente a revertir la impunidad en violaciones graves a derechos humanos en México.

Sin embargo, y pese a que los hechos de Iguala mostraron uno de los rostros más cruentos de la crisis de violaciones a derechos humanos, corrupción e impunidad que vive México, el Estado no ha dado un solo paso en atender esta grave situación.

Así, a dos años de esa tragedia, el Estado tampoco ha cumplido con las obligaciones básicas frente a una desaparición forzada, que es determinar plenamente el paradero de las víctimas y sancionar adecuadamente a los responsables.