A dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) insistirá en acusar por desaparición forzada al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y a los policías municipales de ese municipio y de Cocula, pero para ello tendrá que buscar que se revierta la sentencia del segundo tribunal unitario con sede en Tamaulipas, que considera que en este caso se trató de un secuestro tumultuario en el que las víctimas fueron privadas de la vida.

María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca y ex presidenta del DIF en Iguala, no está acusada de este delito y no podría ser inculpada de desaparición forzada, porque su cargo era honorario, por tanto no era considerada una funcionaria.

Colaboradores de la procuradora Arely Gómez González señalaron que la PGR ha tratado de cumplir con las exigencias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en cuanto a la acumulación del caso en un solo proceso contra los involucrados en la desaparición de los normalistas, pero, señalaron, el Poder Judicial de la Federación decidió que no es posible por la carga de trabajo, y que los 70 procesos por secuestro y delincuencia organizada fueran desahogados solamente en los juzgados primero y tercero de distrito con sede en Matamoros, Tamaulipas.

Las nuevas líneas de investigación a las que da seguimiento la PGR buscan que con el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones estadunidense (FBI, por sus siglas en inglés), y la utilización de nuevas tecnologías, pongan al descubierto el papel que jugaron los policías de Huitzuco en la desaparición de los estudiantes, y que recuperen algunos de los aparatos telefónicos que poseían cuando fueron víctimas de policías e integrantes del cártel Guerreros unidos.

El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, ha señalado que en este caso, con las evidencias recabadas, se ha determinado que Guerreros unidos tejió una red de complicidades, especialmente en Iguala, Cocula y municipios aledaños, y se infiltró en los cuerpos de seguridad municipal.

Afirmó que su penetración alcanzó a diversos servidores públicos de ese orden de gobierno, quienes recibían de manera regular importantes cantidades de recursos; parte del dinero era destinado, presuntamente, al control de la policía municipal.

Desde abril de 2015 se abrieron líneas de investigación sobre la posible participación de la policía municipal de Huitzuco en el caso Iguala, y la existencia de una célula de ese grupo criminal que operaba en ese lugar.

Está pendiente el resultado de la asistencia jurídica solicitada a las autoridades de Estados Unidos para profundizar en la línea de investigación sobre el llamado quinto autobús, con lo cual se busca corroborar la versión de que autotransportes de la línea Estrella de Oro eran utilizados para trasladar la droga de Guerreros unidos hacia el país vecino y el dinero obtenido por la venta de los narcóticos.