Luego de advertir que los hechos ocurridos en Iguala no pueden quedar impunes ni deben olvidarse, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que la gravedad y relevancia de estos acontecimientos demanda al Estado mexicano su total esclarecimiento y que los responsables rindan cuentas de sus actos ante la ley y la sociedad.

En un pronunciamiento con motivo del segundo aniversario de lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, señaló que la verdad sobre los estos hechos sigue siendo una tarea pendiente, pues si bien las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) muestran avances, aún no hay resultados concluyentes. En particular, sigue sin determinarse el paradero de los normalistas, prioridad y objetivo de la investigación. Se trata, dijo, de “un expediente abierto.

Para la CNDH lo preponderante es que se conozca la verdad de los hechos y que los derechos de las víctimas sean reparados, y se tomen las acciones necesarias para prevenir que se cometan nuevas afectaciones, indicó el organismo nacional en su pronunciamiento.

Además, informó que hasta ahora en tres de sus reportes sobre el caso Iguala ha emitido un total de 57 observaciones y propuestas a la PGR, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la Fiscalía General del estado y al municipio de Iguala, Guerrero, de las cuales sólo ocho han sido atendidas en su totalidad, mientras 33 están en vías de ser cumplidas y las 16 restantes no han sido tomadas en cuenta por las diferentes autoridades.

La comisón llamó a las autoridades federales, estatales y municipales a atender y cumplir en su totalidad las recomendaciones emitidas, como un camino necesario para avanzar en la búsqueda de la verdad, y salvaguardar, preservar y garantizar los derechos humanos de las víctimas, tanto de los estudiantes y sus familias, como los que corresponden al colectivo Avispones de Chilpancingo y a las víctimas mortales y de lesiones de los hechos paralelos.

De las 57 recomendaciones emitidas en su conjunto, 47 han sido formuladas a la PGR, seis a la CEAV, tres a la Fiscalía estatal y una al municipio de Iguala.

Por lo que toca a las primeras 47, la PGR ha cumplido ocho, entre las cuales están la obtención de las declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la búsqueda de evidencias en el río San Juan, y la declaración ministerial del militar que acudió el 26 de septiembre de 2014 al lugar conocido como Puente del Chipote, donde iban al menos 18 de los estudiantes que fueron desaparecidos.

De las recomendaciones enviadas a la PGR, 29 están en vías de atención. De ellas destaca la georreferenciación de las líneas de teléfonos celulares de los estudiantes normalistas e investigar el contenido de los mensajes que se hubiesen enviado; indagar la posible participación de otras corporaciones de seguridad pública municipal en colusión con las organizaciones criminales Guerreros unidos y Los rojos, e iniciar acciones urgentes de búsqueda para la localización de los normalistas desaparecidos en Huitzuco.

La PGR no ha atendido 10 de las recomendaciones recibidas de la CNDH. Entre éstas están recabar declaración y ampliar la de todos quienes conocieron del aviso del hallazgo del cadáver de Julio César Mondragón Fontes, e investigar si este estudiante grabó con un teléfono celular la agresión sufrida.

A la CEAV le han formulado seis observaciones y propuestas; tres de ellas están en vías de atención y las otras tres no han sido atendidas. En tanto, la fiscalía estatal ha recibido tres, y todas están en estatus de no atendidas.

Al municipio de Iguala le fue formulada una observación consistente en restaurar en lo inmediato la estructura de seguridad pública en coordinación con autoridades estatales y federales. Esta recomendación está en vías de atención.