s contrastante, por un lado, observar los recortes presupuestales que se propone aplicar en sectores estratégicos para el desarrollo del país y del estado, como prevención del delito, salud, educación y producción de alimentos, y por otro, la imposibilidad de eliminar la rapiña de la clase política sobre los recursos públicos. El asunto es que el dinero es lo que da funcionalidad a los órganos de decisión estatal. ¿Qué ocurriría con el mando del Ejecutivo sobre los diputados si se eliminara el factor del dinero? Es fácil adivinar. Además, se refuerzan los poderes autorreferentes que deciden sus propios ingresos. El dinero es uno de los principales móviles para dedicarse a la actividad política, y su deseo desmedido una de las causas del fracaso de las políticas.

Las famosas herramientas legislativas ascienden a 200 mil pesos por mes; los salarios rebasan 90 mil pesos por curul, y si sumamos las herramientas legislativas se llega a un ingreso por diputado superior a 300 mil pesos mensuales, alrededor de 10 millones de pesos para sólo 30 personas. Todas son cifras exorbitantes en medio de la precariedad. Además, los diputados cuentan con muchos apoyos permanentes para su trabajo legislativo. Pero ni así llegan a la eficacia media que se espera de su trabajo. La costosa mediocridad ofende a los ciudadanos que sudan por cada centavo que ganan. La apropiación del dinero público como finalidad última de la actividad política es la muerte de la democracia, y se refuerza con la oposición de la mayoría de los legisladores a eliminar las abusivas herramientas legislativas, así como a permitir que se transparente la indagatoria sobre la corrupción de la Legislatura y Ejecutivo anteriores. El control de la maquinaria es completo y su aceite tiene signo de pesos; por eso es difícil pensar que se eliminen los montos para dotar de recursos injustificados a los legisladores, pero eso no elimina la necesidad y la urgencia de darles fin.