hristian Skoog, representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señaló ayer que al menos cuatro millones 100 mil menores están fuera del sistema escolar en nuestro país. Al presentar el informe Niñas y niños fuera de la escuela, dijo que 3.8 millones de niños y adolescentes no están matriculados, otros 260 mil no asisten con regularidad a clases de primaria y 631 mil se encuentran en riesgo de abandonar las aulas. Por añadidura, sólo 42 por ciento de los menores de tres años asisten a prescolar.

Las razones de esta exclusión injustificable y desalentadora son la pobreza, la residencia en zonas rurales, la pertenencia a pueblos indígenas, las discapacidades y el trabajo infantil.

Para ilustrar el problema, cabe citar datos del propio Unicef, según los cuales 54.3 por ciento de los niños de seis a 11 años se encuentran en situación de pobreza patrimonial y 25.8 por ciento del total presentan carencias alimentarias. En las zonas de población predominantemente indígena sólo seis de cada cuatro escuelas cuentan con maestros que hablan una lengua indígena, y el sistema de primaria indígena o bilingüe y bicultural tiene una cobertura de sólo 5.8 por ciento de las localidades en las que es requerido.

Las cifras referidas debieran servir para reubicar el debate sobre el problema educativo en su centro real, que es el de la pobreza, la desigualdad y las deficiencias presupuestales, de infraestructura y de planificación en el sistema de educación pública del país. Asimismo, la información aportada por el Unicef tendría que llevar a las autoridades a percatarse de la improcedencia de una reforma educativa centrada en aspectos administrativos y laborales y aplicada en forma tal que ha generado un severo conflicto, así como de un modelo que preconiza la enseñanza de calidad cuando el país padece déficit de escuelas y maestros. Adicionalmente, debe considerarse que los drásticos recortes al presupuesto educativo recientemente anunciados generarán, de manera inevitable, un aumento en el número de niños y adolescentes que se encuentran fuera de los planteles.

No debe dejarse de lado que el hecho de que más de 13 por ciento de la población en edad escolar esté excluido de las aulas conlleva una grave e inadmisible anomalía en la observancia del derecho a la educación, consagrado en el artículo tercero constitucional. Pero la exclusión escolar de hecho que padecen millones de menores en el país es, además, una negación de perspectivas de futuro para ellos y para el país en general. Sería de esperar, en consecuencia, que las autoridades encargadas de la enseñanza pública se centraran en resolver las carencias más acuciantes y evidentes de su ramo y depusieran la beligerancia con la que han venido impulsando disposiciones secundarias que no alteran ni poco ni mucho el fondo del problema.