a espiral devaluatoria parece no tener fin (ayer el dólar se vendió a 20.27 minúsculos pesitos en Bancomer) y junto a ella aparece, de la mano y fortalecida, la perversa invitada de siempre, que no es otra que la escalada de precios.

Congelada, patidifusa, la presunta autoridad financiera y monetaria no ata ni desata, y sólo repite el sonsonete: el precio del dólar no refleja el estado de nuestra economía, y lo hace justo en un país que cada día que transcurre importa más bienes (de los básicos a los suntuarios, todos pagaderos en billetes verdes), porque internamente cada día produce menos, y cuando lo hace se ve en la necesidad de importar para poder terminar el artículo que va a exportar.

A una sola voz ya se escuchan los cánticos alcistas de industriales, comerciantes, prestadores de servicios, conexos y hasta del propio gobierno: aumentaremos precios y tarifas (públicas y privadas), aunque mantendremos los salarios en el suelo, porque México es un país que macroeconómicamente está muy bien manejado, y tenemos confianza en que, pese a que hay inestabilidad y volatilidad en los mercados, las autoridades sabrán responder en forma oportuna (oportunísima declaración del Banco Mundial, el célebre big brother de las finanzas internacionales y uno de los responsables del México moderno).

Dólar a 20.27 pesitos, con todo y que la Reserva Federal se abstuvo, de momento, de incrementar su tasa de interés, uno de los factores que –según la versión oficial– mantiene enloquecido al tipo de cambio.

Por cierto, las nuevas generaciones de mexicas han puesto el grito en el cielo al enterarse de que el precio del dólar no trepó a 20.27, sino, en realidad, a 20 mil 270 pesos. No alcanzan a entender de qué se trata y, por lo mismo, suponen que esa abismal diferencia entre una cotización y otra forma parte de la campaña de desprestigio del gobierno peñanietista, cuyo titular ahora es estadista del (d) año.

Pues bien, si los quejosos hacen un viaje al pasado inmediato (tan lejos como el sexenio de la solidaridad) se enterarán de que por iniciativa del entonces inquilino de Los Pinos, Carlos Salinas de Gortari, los siempre solícitos diputados aprobaron desaparecer tres ceros al valor nominal de la moneda mexicana, con el fin de hacer más práctica la contabilidad y las transacciones empresariales y familiares.

De hecho, en su IV Informe de gobierno (primero de septiembre de 1992), el propio Salinas aseguró que los avances alcanzados en la recuperación económica con estabilidad de precios son la base para introducir, a partir del primer día de 1993, una nueva unidad monetaria que se llamará nuevo peso, y será equivalente a mil pesos actuales. Esta medida, que no altera en nada las decisiones económicas, permitirá simplificar procedimientos y facilitar transacciones. Ni más, ni menos: no reducía la paridad, ni aumentaba el poder adquisitivo de la divisa nacional. En los hechos, sólo fue un truco propagandístico.

Así, de registrar (en aquel entonces) un tipo de cambio cercano a 3 mil 400 pesos por dólar, los mexicanos amanecieron con una paridad de 3.4 por uno, y los precios de los productos y servicios amanecieron también con tres ceros menos, lo que a muchos hizo suponer que los avances alcanzados en Salinasland eran verdaderos, pero la realidad, como siempre, colocó el discurso oficial donde suele terminar: en la basura.

El Banco de México explicó este asunto de la siguiente manera (Informe anual 1992): el propósito de crear una nueva unidad monetaria fue el de reducir la magnitud de las cifras en moneda nacional, facilitar su comprensión y manejo, simplificar las transacciones en dinero y lograr un uso más eficiente de los sistemas de cómputo y de registro contable. La medida no persigue más objetivos que los anteriores.

Con el tiempo a los testigos de tan brillante idea se les olvidó el citado acto de magia y llegaron a creer que el dólar se vendía a 12, 15 o 20 pesos. Entonces, de la campaña de desprestigio sea encargado el propio gobierno (el de ahora y los de antes), y aunque duela el billete verde ayer se vendió a 20 mil 270 pesos.

Y mientras la mayoría se angustia por el terremoto cambiario, otros, en cambio, gozan las mieles de tener amigos en el lugar adecuado, como las empresas y sus dueños a quienes generosamente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó impuestos por casi 5 mil 600 millones de pesos a lo largo de 2015.

En su edición de ayer La Jornada informó que entre los beneficiarios de Aristóteles Núñez (que dejó el SAT en solidaridad con el ministro del (d) año, Luis Videgaray) destacan Industrias Campos Hermanos, Volkswagen, Simec, el Instituto Politécnico Nacional, Arnecom y la constructora Geo (Israel Rodríguez y Alonso Urrutia).

El presidente del consejo de administración de Industrias Campos Hermanos es Rufino Vigil González, un empresario al que se le puede acusar de cualquier cosa menos de ser pobre. De hecho Forbes lo ha considerado entre los hombres más ricos del mundo y, obvio es, de México con una fortuna estimada (2014) en mil 300 millones de dólares. Entonces, sí tiene con qué pagar los impuestos, o tal vez sea multimillonario precisamente por no pagarlos.

Grupo Simec (también incluido entre los beneficiarios de la generosidad fiscal) tiene dos elementos a destacar: a) fue una de las empresas rescatadas por el Fobaproa, de forma por demás generosa (alrededor de 2 mil 200 millones de dólares y en ese entonces la encabezaba la familia Martínez Guitrón), y b) su actual dueño es (¡sorpresa!) Rufino Vigil González.

En el caso de la constructora Geo, hace poco más de un año atrás aún la encabezaba Luis Orvañanos, quien finalmente no la libró y tuvo que ceder el control accionario. Ahora la cabeza visible del relevo es Juan Carlos Braniff, ligado a poderoso grupo financiero encabezado por (¡otra sorpresa!) la familia Hank.

Por lo que toca a Volkswagen, pues bueno de siempre el gobierno mexicano ha sido generoso con las trasnacionales. Y los beneficiarios apenas son la punta del iceberg, mientras los mortales tiemblan cada que el SAT les manda un recordatorio de pago.

Las rebanadas del pastel

Y ya está aquí otro escándalo fiscal (a los que los mexicanos están acostumbrados) que bien puede denominarse Bahamas Papers (en abril pasado fueron los Panama Papers), que involucra a 432 mexicanos, o personas con inversiones en nuestro país, ex servidores públicos y funcionarios en activo. Hagan sus apuestas, pero no hay forma de perder: se trata de los mismos de siempre.

Twitter: @cafevega

D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com