La crisis generalizada de derechos humanos presente en el país también se refleja en las actividades empresariales que impactan de manera negativa en el respeto a las garantías de los pueblos y comunidades donde se asientan estos consorcios, y en los que se impulsan megraproyectos, aseguró Pavel Sulyandziga, presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Al presentar las conclusiones preliminares de su visita a México, dijo que el grupo tuvo información del ‘‘clima de hostigamiento y criminalización’’ que existe en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. ‘‘Estos hechos, como asesinatos, secuestros, y amenazas, devalúan todos los esfuerzos que haga el gobierno para que las empresas respeten estos derechos y cumplan con su responsabilidad social’’, dijo.

En conferencia de prensa informó que el grupo de la ONU conoció el caso de la periodista Carmen Aristegui, y aseguró que con su despido de Noticias MVS se cometió una ‘‘grave violación’’ a los derechos humanos de la periodista. ‘‘La empresa le creó condiciones para que ella no pudiera desempeñar su labor informativa, tras investigar un hecho de corrupción al más alto nivel en el gobierno’’, dijo Sulyandziga.

Junto con Dante Pesce, otro integrante del grupo, Sulyandziga explicó que durante su visita sostuvieron reuniones con autoridades, organizaciones, movimientos de la sociedad civil y compañías nacionales y extranjeras para analizar el respeto de los derechos humanos en el desarrollo de las actividades empresariales, además de haber visitado cinco entidades.

Ambos funcionarios destacaron la disposición y apertura mostrada por el gobierno y los grupos empresariales en todos estos encuentros, aunque revelaron que el Grupo Higa fue el único consorcio que no respondió a la solicitud de diálogo.

Este corporativo estuvo involucrado en el caso de la Casa Blanca; en la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, trazada sobre bosques y territorios del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, además de que se le señala por ser beneficiado con contratos millonarios.

En el informe preliminar del grupo, donde se citan algunos casos que conocieron de violaciones a derechos humanos donde están involucrados diferentes grupos de la iniciativa privada, se exhortó a las autoridades y al sector empresarial a aprender de los errores del pasado y garantizar una consulta adecuada con las personas y comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo y operaciones empresariales.

‘‘En un país multicultural como México, este diálogo debe incluir a los pueblos indígenas’’, dijo Sulyandziga. El informe fue dado a conocer ayer al gobierno federal y durante los próximos cuatro meses las partes podrán aportar información para ser presentado finalmente en junio.’’