unque aquí la narrativa para la promoción de la reforma educativa ni lo menciona, en Estados Unidos sí: se trata de un negociazo. La colocan junto a otras industrias de alto rendimiento, como la farmacéutica o la del petróleo. La llaman industria de la reforma educativa (the education reform industry), inspiración y aspiración de Mexicanos Primero, con la mira en el botín del kínder a la universidad. Así la piensan los amigotes de allá, las corporaciones, fundaciones y FMI, Banco Mundial (BM), BID y OCDE, verdaderos cabildos del uno por ciento. Presentes, como en otros servicios públicos en vías de mayor privatización, educación, salud, seguridad pública, gestión del agua, petroquímica, electricidad, infraestructura etcétera, las asociaciones público-privadas (APP) se usan para la usurera y opaca extracción de riqueza de lo público a lo privado.

Para la Fundación de la familia Walthon, dueña de Walmart, la reforma educativa, ya en Estados Unidos o acá, es instrumento de poder y negocio. También para la Fundación de la Familia Clinton. En un bien documentado estudio, Guerra y Wall Street: el sombrío expediente de Clinton (Truthout org, 1/8/2016), Timothy Scott puntualiza que en la Fundación de los Clinton está la crème de la crème del mundo bancario, corporaciones, filantropías, cabildos, contratistas militares, de la industria del gas y del petróleo, la farmacéutica y múltiples donantes, de Citigroup, Goldman Sachs y Exxon Móbil a Monsanto y ¡Blackwater! Narra que una vez nombrado gobernador de Arkansas (1988), Bill Clinton colocó a Hillary a cargo del Comité de Evaluación Educativa para la reforma del sector de ese estado. De ahí salió una ley extraordinariamente regresiva que financia la educación con aumentos en los impuestos al consumidor, dejando a las grandes corporaciones libres de mayor obligación fiscal. Para los educadores esa reforma no fue diseñada para ayudar, sino para castigar y transformar a los maestros en chivos expiatorios de todos los males del sistema educativo. Desde entonces, Hillary mantiene contacto personal y profesional con (textual) la industria de la reforma educativa y algunos filantropistas claves.

Ante la creciente oposición nacional a la reforma educativa en Estados Unidos, como en México, auspiciada por el uno por ciento, Clinton actúa con cuidado para no perder votos. Sin embargo, Scott revela que “DLA Piper, firma legal que representa las principales empresas en el mercado de la reforma educativa, es uno de los principales donantes a la campaña electoral” de Hillary, al igual que Alice Walton, una de las personas más ricas del mundo, heredera de Walmart, que opera en todo México.

La narrativa del BM-BID y de los hacendistas locales, dice que las APP combaten pobreza y alientan el bienestar general. Cuando el Senado mexicano aprobó una controvertida reforma a la Ley de las APP, el pasado 16 de marzo, PRI, PAN y anexos, al tiempo que abrían las puertas a las APP en lo educativo, salud y seguridad pública, enarbolaron las banderas del BM-BID, de que aumentan inversión, empleo, crecimiento, el ingreso familiar y dan más y mejores servicios públicos y bienestar. Lo que ni las evaluaciones internas del BM se atreven a afirmar, menos dados los desastres a la vista en Mexichem y OHL, entre otras APP.

Vicente Bello de Tren Parlamentario informó que según el senador Manuel Bartlett: se trata del robo al presupuesto nacional, garantizado por los gobiernos neoliberales, apoyado por la Secretaría de Hacienda. Observación puntual porque la SHCP aplica la línea macroeconómica del FMI, que es la del alto capital, exigida para acceder a las líneas de crédito del BM-BID. Las evaluaciones internas del BM avalan las críticas vertidas en el Senado. Recabadas por Nicholas Hildyard thecornerhouse.org.uk y presentadas a la Escuela de Negocios de Manchester, el BM reconoce que son escasos los datos en su posesión requeridos para evaluar las APP; que el BM no cuenta con sistemas que permitan evaluar las APP una vez concluido el proyecto y además, que para el BM desarrollo exitoso equivale a éxito comercial. Los del BM asumen que si fue un buen negocio, entonces debió ser bueno para el país como un todo y en particular para los pobres(sic).

La senadora Dolores Padierna advirtió que con aval de PRI y PAN la ley permite que cualquier actividad a cargo del Estado, sea productiva o social, pueda ser contratada por privados al extremo de usar las APP para delegar en ellos la regulación económica del sector energético con el enorme riesgo de perder el poco control que le dejó al Estado la reforma energética. El senador Alejandro Encinas advirtió que quienes usan las APP las conciben no como un instrumento para fortalecer los bienes públicos y el interés público, sino como continuidad del proceso de privatización. Delegan “al sector privado funciones sustantivas que corresponden al ámbito de gobierno en materia de educación, de salud, de seguridad pública”.

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