ocos días después de que el gobierno de Nuevo León aprobara un código de ética de los servidores públicos, el Festival Internacional de Cine, con la participación de la universidad pública y el organismo responsable de la cultura y las artes, rindió en Monterrey un homenaje a la actriz Diana Bracho.

Como parte de ese acto se proyectó el filme El castillo de la pureza, donde una joven Diana Bracho, bella y talentosa, actúa con indudables méritos al lado de Rita Macedo y Claudio Brook. Su director, Arturo Ripstein, revela en la historia de esta película un rasgo de quienes nos gobiernan: su doble moral. Un productor de raticidas mantiene a su familia encerrada para que no se contamine del mal que ronda en las calles y que hace presa de la gente pura, como su mujer y sus tres hijos. Mientras, en sus recorridos para vender su producto, él se sirve del mal circundante con la cuchara grande.

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid no hemos cesado de tener renovaciones morales y códigos de ética de políticos y servidores públicos. Una y otra vez han sido sepultados bajo la pesada avalancha de la corrupción.

Vicente Fox, siguiendo el que aprobara el PAN, emitió uno de ellos. Fresca estaba la herida causada por el respaldo de ese partido a los banqueros por medio del IPAB (34 mil millones de pesos): la inocentada del 28 de diciembre de 2000, según lo escribió Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, uno de los militantes más reconocidos del PAN –entonces había abandonado sus filas– en su libro La mancha azul. Y no acababa de pagar Acción Nacional la multa de más de mil millones de pesos por los fondos recibidos del extranjero durante las campañas de 2000, cuando ya se hablaba de tráfico de influencias y los negocios de los hijastros de Fox, entre otras corruptelas, que no eran sino la continuación de la anticultura política implantada por el PRI.

Más recientemente, el secretario bufo de la Función Pública estampaba su firma en el acuerdo por el que se emitó el código de ética de los servidores públicos de la Federación, las reglas de integridad y los lineamientos para propiciar la integridad de los servidores públicos. El documento, que se autocomenta, fue publicado el 20 de agosto de 2015.

En lugar de impulsar una reforma profunda a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, donde se empezara por reducir los efectos de la corrupción y la opacidad mediante severas penas para combatir la impunidad, el gobierno que encabeza Jaime Rodríguez Calderón optó por expedir un Código de Ética de los Servidores de la Administración Pública de Nuevo León. Como Fox en su tiempo, Rodríguez Calderón hizo jurar a los funcionarios presentes el compromiso con los siete principios básicos del nuevo código: 1) No a la corrupción. 2) Servicio, respeto y empatía. 3) Austeridad y sostenibilidad. 4) Innovación y eficiencia. 5) Inclusión. 6) Resolución justa y expedita. 7) Transparencia.

En su comentario al nuevo código, Fernando Elizondo Barragán, coordinador ejecutivo del gobierno del estado, señalaba el fracaso de los anteriores códigos de ética pública: se los ocultó, se los metió en un cajón y se olvidaron. Contemplaba la climatización de la conducta ética como se ha climatizado la prohibición de no fumar en sitios cerrados. Algo que tomaría unos 15-20 años.

En Nuevo León fue acordado un código de ética de gobierno durante la gestión de Sócrates Rizzo (1991-1994). De sus 15 puntos pueden destacarse los referentes a la apertura, transparencia, sencillez, austeridad, diálogo directo con la ciudadanía, eliminación de la burocratización y prepotencia de los servidores públicos. Y en cuanto al dinero, éstos deberán manejarse con pulcritud, responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Después, en 2005, y más tarde, en 2008, fueron aprobados códigos similares. Las consecuencias: una espantosa irresponsabilidad y corrupción acompañadas, como en el caso de Rodrigo Medina y Margarita Arellanes, de una gran impunidad en la que se han coludido jueces, legisladores locales y funcionarios o ex funcionarios del PRI y del PAN.

Da la impresión de que ante la impotencia de llevar a juicio al anterior mandatario de Nuevo León –fuerte promesa de campaña–, el gobierno echa mano de un instrumento propagandístico, que es lo que han sido los códigos de ética pública en nuestro país. Medida que ocurre, justamente, cuando al gobernador se le señala un conflicto de intereses por el puesto que desempeña Roberto Russildi, secretario de Desarrollo Sustentable de su gobierno. Rodríguez Calderón es socio de Russildi y éste se dedica, profesionalmente, al desarrollo de bienes muebles; es, además, socio de Cemex, que mantiene la explotación de varias pedreras en zonas urbanas causantes de la contaminación del ambiente.

Con el señalamiento, varias organizaciones no gubernamentales le demandan el cese de este funcionario. En el reportaje de Sanjuana Martínez (La Jornada, 28/8/16) quedan precisos tres puntos: 1) La vocación predatoria de Russildi; 2) La intención del gobierno estatal de vender 198 propiedades, entre ellas varias áreas verdes, y 3) La entrega del Parque Fundidora a un grupo de empresarios para la realización de espectáculos masivos y venta de alcohol, que está prohibida.

La incongruencia entre el ejemplo nacional que quiere poner el gobernador Rodríguez Calderón y su práctica responde a esa máxima que rige la política mexicana: prometer ya es cumplir.