“Porque estás tan vivo como cuando supe que estaba embarazada, tan vivo como cuando naciste, tan vivo como hasta el día de hoy. Porque te percibo e imagino que entras por esa puerta gritando: ‘madre, ¡aquí estoy!’... porque nunca bajaré los brazos ni me rendiré. Dios me da fuerza, Dios me sostiene”. Es la expresión de Yolanda Morán Isais, quien busca a su hijo Dan Jeremeel Fernández Morán, víctima de desaparición forzada en Torreón, Coahuila, en diciembre de 2008.

A Jeremeel –entonces de 34 años– se lo llevaron militares, quienes, afirma Yolanda, hacían un secuestro por mes. Las autoridades de Coahuila “me dijeron: ‘son militares, señora. Tenemos prohibido meternos con militares’.

“El 9 de noviembre de ese año, esos mismos soldados secuestraron a un empresario. Eran seis, después de que se llevaron a mi hijo detuvieron a cuatro, pero no confesaron nada sobre Jeremeel.

“Cuando los pasaron del arraigo al Cereso de Torreón, entraron dos camionetas de un comando para rescatar a nueve integrantes de Los Zetas que estaban ahí presos. En la trifulca mataron a dos de los militares en mención. La Secretaría de la Defensa Nacional envió a los que sobrevivieron a otro penal y ahí mataron a uno de ellos; por tanto, sólo queda uno, que está prófugo. Hubo desertores que se pasaron a las filas de Los Zetas.

Quiero que lo encuentren para que diga qué hicieron con mi hijo... pero la Sedena no ha hecho nada para localizarlo y la PGR dice que lo está buscando.

Al igual que cientos de madres, de pronto se vio en esta situación y luchó sola; luego llegó a la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y ahora ayuda a otras personas en su misma condición. La pregunta no es cuántos son Sino dónde están.

El problema empieza porque no reconocen los casos como desaparición forzada y, a escala general, en la Secretaría de Gobernación aseguran que 90 por ciento o más son de extraviados o no localizados.

“Lo cierto es que no hay un trabajo de campo ni investigación de calidad en el país. No quieren buscar, dicen que es muy caro, que no hay presupuesto para identificar a tantos cadáveres que hay en fosas clandestinas o comunes, donde hay un desorden total. Lo que ocurrió en Morelos –añade– es una evidencia porque nadie sabía que el propio gobierno había ido a meter ahí 150 cadáveres, por tanto, la convirtieron en fosa clandestina.

“Por ejemplo, de los casos de nuestra fundación, ya tenemos más de siete años trabajando y no hay ningún aparecido.

“Tampoco hay trabajo efectivo para la búsqueda; no hay bancos genéticos ni registros nacionales. Es una de las cosas que estamos exigiendo en la construcción de la ley de desaparición forzada y a manos de particulares.

“En Coahuila tenemos por exhumar cerca de 500 cadáveres, pero no tenemos con quién confrontar; sabemos que (los cadáveres) los pasaban de un estado a otro, entonces ello requiere una homologación de datos; algunos informes y muestras genéticas están en la PGR y otros en procuradurías estatales.

Nos enfrentamos a la apatía, a la insensibilidad de nuestros gobiernos para buscar a los desaparecidos. No le deseamos mal a nadie, pero quizá de plano necesitan pasar por lo que hemos pasado nosotros para entendernos.

El expediente de su hijo está desde hace año y medio en la Unidad de Búsqueda de la PGR, donde hay un registro de miles de desaparecidos. Sin embargo, lamenta, esa unidad sólo tiene un presupuesto de 26 millones de pesos. “Había 45 agentes adscritos,< pero de esos siempre se andan llevando a los peritos para que apoyen a otros estados. La última vez, para Guerrero, enviaron a 15. Por tanto, quedan 29 para atender una problemática vinculada a más de 28 mil desaparecidos. Las normas dicen que cada agente del Ministerio Público no tiene que tener más de 15 expedientes y ahorita ellos tienen más de 40 y acaban de llegar un montón; nos dicen que les van a subir a 80 expedientes por agente del Ministerio Público (MP), es decir, no van a poder ni ver los documentos porque o ves expedientes o sales a investigar. Por este tipo de incongruencias están queriendo devolver los expedientes a los estados. En el caso de desaparición forzada, ¿realmente creen que las autoridades estatales se van a investigar a ellos mismos? ¿Ellos mismos se van a enjuiciar? ¡Claro que no! Si lo hacen, si devuelven los expedientes a los estados, será la peor tontería, aun cuando su argumento es que no hay presupuesto.

¡Queremos a nuestros hijos, en las condiciones que los hallen, pero queremos que los busquen!