El número de personas no localizadas en el país continúa al alza.

Al corte de octubre-noviembre de 2014, la Secretaría de Gobernación informó acerca de 23 mil 603 personas en esa condición (23 mil 271 del fuero común, investigaciones a cargo de procuradurías y fiscalías estatales, y 332 del federal).

Año y medio después (recuento más reciente disponible, febrero-abril de este año) la cifra se ubicó en 28 mil 189 casos, 27 mil 162 de responsabilidad de autoridades locales y mil 27 de la Procuraduría General de la República (PGR). Esto es, se documenta un incremento de casi 17 por ciento.

Sin embargo, no hay detalle del origen de la no localización, salvo datos generales de la entidad en la que fue vista por última vez la persona, sexo, edad y nacionalidad. Mucho menos hay datos acerca de número de episodios de desaparición forzada.

El corte estadístico compilado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de Gobernación muestra algunos avances por tramo o por entidad, aunque el rezago, descontrol y falta de investigación se evidencia con la propia clasificación oficial.

Hasta ahora hay 721 expedientes de historias de las que se desconoce la fecha del suceso. No especificado el año de desaparición, se indica.

Igualmente hay 247 averiguaciones o carpetas –de ambos ámbitos, fueros común y federal– que tienen ya una década de antigüedad o más (se les ubica como anteriores a 2007).

El mayor volumen en rezago o no dilucidados acerca del paradero de las personas se encuentra de 2010 a la fecha.

Las historias del sexenio actual tienen una ligera baja, posiblemente por hallazgos relacionados con otras causas de desaparición, no vinculadas al crimen organizado, según opinión de grupos civiles y de familiares de desaparecidos, quienes denuncian escasas investigaciones profesionales y nulos resultados.

Por ejemplo, en octubre de 2013 las procuradurías estatales reportaron un volumen de 4 mil 448 expedientes, y actualmente la estadística correspondiente a ese periodo marca 3 mil 851 situaciones pendientes de aclarar.

Un año después, también al corte de octubre, eran 4 mil 936 personas no localizadas y en el recuento más reciente fueron 4 mil 478. Algunas de las causas de no localización son: ausencia voluntaria, ausencia por problemas domésticos, privación ilegal de la libertad, migración nacional o internacional, reclusión en un centro penitenciario, fallecimiento o se es víctima de otro delito.

El grueso de los pendientes se ubica en las procuradurías estatales. En este ámbito, Tamaulipas está a la cabeza, con 5 mil 583 personas no localizadas a quienes se vio por última vez en esa entidad.

En segundo sitio se halla el estado de México (con 2 mil 830), le siguen Jalisco (2 mil 390), Nuevo León (2 mil 247), Sinaloa (2 mil 16), Chihuahua (mil 777) y Coahuila (mil 415). De este grupo de estados hay incremento, en el trimestre más reciente (febrero-abril), en Jalisco y Sinaloa.

A escala federal, la secuencia es: Guerrero, con 266 casos pendientes (aquí están incluidos los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014); Veracruz (189, igualmente con situaciones emblemáticas como los jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca), Tamaulipas (147) y Coahuila, (53). Todas las entidades reportan incrementos en el último lapso en mención.

Como se ha difundido, en el ámbito de los casos del fuero común predomina la desaparición de gente joven. Hasta enero pasado había más de 2 mil 200 niños y jóvenes de 14 años de edad o menos, pero la mayoría de no localizados de ubica entre los 15 y 44 años. El mayor porcentaje son varones mexicanos.

También hay extranjeros a quienes se vio por última vez en México. Del fuero común son 141, pero igualmente se evidencia el descontrol, con una clasificación de mil 945 de nacionalidad no especificada.

En los expedientes de búsqueda de extranjeros realizada por la PGR, 938 son mexicanos y 89 extranjeros.