Sao Paulo.

La policía federal de Brasil recomendó que el ministerio público del país presente cargos contra el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, reportó este viernes el diario Estado de Sao Paulo.

El ex presidente y su esposa habrían recibido 2.4 millones de reales (equivalentes a 248 mil 896. 54 dólares) en valores por la presunta adquisición de un apartamento y una finca de forma irregular del grupo de construcción OAS, dentro de la red de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Lula siempre ha negado las acusaciones.

El informe debe ser analizado por la fiscalía en los próximos 90 días para decidir si presenta cargos ante la justicia.

La acusación no podría ocurrir en peor momento, pues el Senado se encuentra en el segundo día de debates para decidir si despoja del cargo a la presidenta Dilma Rousseff, acusada de maquillar las cuentas públicas.

El segundo día del impeachment se vio marcado por gritos y suspensiones. “¿Tiene moral el Senado para someter a juicio a Rousseff? La pregunta, que lanzó la senadora Gleisi Hoffmann del Partido de los Trabajadores (PT), provocó gritos, agravios repetidos y llamados al orden.

Tienen que respetar nuestra posición, expresó el jefe del Senado y opositor de Rousseff, Renan Calheiros, en medio de un clima de tensión que provocó dos suspensiones de las sesiones, en las que la defensa debe presentar argumentos en favor de la mandataria, de 68 años.

El Senado se convirtió en un manicomio, se quejó este emblemático legislador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño.

Si Rousseff es destituida, se pondrá fin a más de 13 años de gobiernos del PT, golpeado por las revelaciones de masivos escándalos de corrupción, incluido el megafraude en Petrobras.

Los debates no son más que reflejo de la profunda polarización en Brasil. La mayor economía latinoamericana atraviesa la peor recesión en décadas, con una inflación de más de 10 por ciento, desempleo que afecta a 11 millones de personas y un déficit de 45 mil millones de dólares.

De los 81 senadores que deciden el futuro político de Rousseff, más de la mitad tiene causas pendientes o es investigado por corrupción, incluidos Calheiros y Hoffmann.

Sondeos y analistas coinciden en que la tendencia es prácticamente irreversible en favor de la destitución de la mandataria, suspendida en mayo pasado.

Rousseff, electa en 2010, está acusada de manipular datos para ocultar la verdadera situación de las cuentas públicas de su gobierno y emitir por decreto líneas de crédito sin el aval del Congreso. La mandataria insiste en que es inocente y denuncia ser víctima de un golpe de Estado orquestado por Michel Temer, su ex vicepresidente y ahora gobernante interino. Será precisamente Temer quien completará el mandato de Dilma, hasta 2018, si es destituida. Para ello se requiere una mayoría especial de 54 votos (dos tercios).

Rousseff tomará su defensa el lunes, acompañada por Lula. Después vendrán las deliberaciones, que darán paso a la votación final.

En caso de ser sentenciada, Rousseff quedará inhabilitada ocho años para ocupar cargos públicos.

Rousseff recibió este viernes en su residencia oficial a Lula da Silva para hablar sobre su defensa en el impeachment.