e acuerdo con cifras del Banco de México, en el transcurso de la presente administración federal las transferencias de empresas e individuos mexicanos a cuentas en el exterior ascendieron a 71 mil 908 millones de dólares. Dicha cifra –equiparable, por ejemplo, a 80 por ciento de la deuda externa del gobierno federal– representa un aumento de más del doble respecto del mismo periodo del sexenio anterior, cuando la fuga de capitales nacionales al extranjero se ubicó en 32 mil 947 millones de dólares.

Se trata, pues, de un fenómeno que ha venido multiplicándose en los años recientes y cuya consolidación no parece, por tanto, atribuible a circunstancias coyunturales, como la violencia y la conflictividad social que se vive en el país.

Es necesario reiterar la inconsistencia entre esta creciente sangría de recursos económicos y el precepto neoliberal de que para distribuir la riqueza primero hay que generarla. Dicha mentalidad ha servido de freno fundamental a la aplicación de políticas sociales y económicas progresivas y enfocadas en el mejoramiento de los ingresos populares; con el mismo principio se ha legitimado el establecimiento de legislaciones y regulaciones sumamente obsecuentes con el sector privado, orientadas a generar un ambiente amigable para la inversión y los negocios en el país.

Pese a ello, y no obstante la pretendida solidez de la economía nacional –constantemente propalada por las autoridades en los discursos oficiales–, una cantidad creciente de empresas y particulares mexicanos prefieren tener activos fuera del territorio, y a la par de esas transferencias se escapa la posibilidad de invertir tales recursos en actividades productivas y en generación de empleos dentro del país.

Además de poner en tela de juicio el compromiso ético de los empresarios nacionales con el desarrollo de las comunidades en que operan y del país en su conjunto, es inevitable ver en esta situación una actitud de desconfianza de los capitales nacionales hacia un modelo de economía que han edificado los gobiernos de este tramo histórico de la mano de las propias cúpulas empresariales.

En un entorno caracterizdo por la globalización y el abatimiento de las fronteras para los productos y los capitales, lo extraño no es que cada vez se envíen ingentes cantidades de recursos al exterior, sino que las autoridades sigan empecinadas en continuar con un formulario neoliberal que no sólo no asegura la permanencia de los capitales en México, sino que cancela las posibilidades de movilidad social, de dignificación salarial, de reactivación del mercado interno y de otros factores necesarios para reactivar la economía.

La circunstancia descrita tendría que obligar a las autoridades del país a dar un viraje en el manejo de la economía y de las finanzas públicas, hoy diseñado para dar toda clase de privilegios a los grandes capitales, y reorientar esas líneas de acción gubernamental hacia el bienestar de la población y a la reactivación de la economía real.