Senadores del PRD demandaron al gobierno federal acatar totalmente la recomendación formulada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno al caso Tanhuato y consideraron necesario que se dé conocer la identidad de las personas ejecutadas por policías federales, ya que hay dudas de que todos fueran delincuentes.

Los senadores perredistas Dolores Padierna y Alejandro Encinas refutaron la afirmación del comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, en el sentido de que el marco jurídico propicie los abusos de los cuerpos policiacos y se manifestaron en contra de que no haya reparación del daño a las víctimas, hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) concluya su investigación.

El senador Encinas subrayó que la autoridad no puede aceptar las recomendaciones a medias o a cuentagotas, ni negarse a la reparación del daño y la atención a las víctimas, luego de que la CNDH documentó que hubo abusos de las fuerzas federales en Tanhuato.

Hizo notar que, al igual que en el caso Tlatlaya, la PGR no ha dado a conocer la identidad de las personas que fueron abatidas por las fuerzas armadas o por policías federales, y es necesario que las personas ultimadas en el rancho El Sol, del municipio michoacano de Tanhuato, sean identificados, sobre todo los 22 que que fueron ejecutados extrajudicialmente.

Ello es importante, agregó, porque hay versiones de que junto con los delincuentes estaban también trabajadores del rancho o gente retenida contra su voluntad, no vinculados a actividades delictivas.

Por separado, la senadora Padierna resaltó que el informe de la CNDH deja claro que, como han denunciado familiares de las víctimas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, en Tanhuato no hubo enfrentamiento entre policías federales y narcotraficantes, sino una masacre perpetrada por las autoridades federales, la segunda que se dio en Michoacán, tan sólo a unos meses de la ocurrida en Apatzingán.

Expuso que el comisionado Renato Sales, ha atribuido la actuación de las fuerzas federales, en este y en otros casos, a la falta de un marco normativo adecuado en materia del uso de la fuerza e incluso formuló un llamado para concretar una ley nacional sobre el uso de la fuerza y armas de fuego, pero ello es falso.

“No es la falta de un marco jurídico lo que permite los excesos de la Policía Federal y los atentados contra el derecho a la vida, ya que existen lineamientos internos específicos que regulan el uso de la fuerza de la Policía Federal y que se encuentran vigentes desde que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de abril de 2012.”